Red “Rompeolas” convirtió a Higüey y Miches en su gran almacen de drogas
- La acusación contra Fausto Candelario Ortiz, alias Pachá, revela cómo una estructura familiar habría convertido la costa Este en un corredor del narcotráfico internacional y utilizado empresas, propiedades, galleras, discotecas y relaciones políticas para proteger sus operaciones y manejar una fortuna de origen presuntamente ilícito
Santo Domingo. La cocaína llegaba por mar desde Colombia, atravesaba distintos puntos de la región Este, permanecía almacenada en fincas y galleras y posteriormente salía hacia Puerto Rico. El dinero de su comercialización pasaba por intermediarios internacionales, regresaba en dólares a República Dominicana y terminaba distribuido entre negocios, construcciones, préstamos, vehículos de lujo y propiedades registradas a nombre de familiares y allegados.
Así funcionaba la estructura criminal que durante años dirigió desde Higüey Fausto Candelario Ortíz (alias Pachá o El Brother) junto a su hermano y hombre de confianza Yovani Candelario Ortíz (alias El Pachasito, Caco o Franklín)
La estructura investigada en la Operación Rompeolas también habría construido una red de relaciones económicas, políticas y sociales destinada a facilitar sus actividades, administrar los beneficios y reducir los riesgos de persecución.
Los investigadores atribuyen a la organización el movimiento de aproximadamente 7,000 kilogramos de cocaína anuales, con un valor estimado de US$140 millones por año, cifras que colocan la dimensión económica de las operaciones entre los aspectos más llamativos del expediente.
Pero la propia solicitud de medida de coerción sometida por el Ministerio Público revela registro de intervenciones telefónica en la que se hace constar de 29 operaciones de narcotráfico entre 2022 y 2024, de las cuales ocho terminaron en decomisos por aproximadamente 1,984.32 kilogramos de cocaína.
La investigación presenta a Fausto Candelario Ortiz como el principal financiador y dirigente de la estructura. Su hermano Yovani aparece como responsable de la ejecución de las operaciones, desde la coordinación de los cargamentos hasta la administración de los equipos que intervenían en su movilización.
Los fiscales describen un modelo de organización familiar en el que los principales integrantes mantenían el control de las decisiones, mientras colaboradores de confianza asumían funciones especializadas.
Unos se ocupaban de las embarcaciones; otros, del transporte terrestre; algunos vigilaban las costas; varios administraban los lugares de almacenamiento y un grupo diferente se encargaba de recibir, custodiar y colocar el dinero.
Según la acusación, la estructura reclutaba residentes de comunidades costeras, incluyendo personas de escasos recursos y de edad avanzada, para realizar labores de vigilancia y seguridad marítima.
La organización también contaba, presuntamente, con colaboradores que conocían las rutas marítimas y mantenían relaciones con integrantes de organismos de seguridad. El Ministerio Público atribuye a Fausto Candelario Ortiz más de veinte años de experiencia en actividades vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos
Las fincas y galleras eran parte de la estructura
Las operaciones de narcotráfico operaciones incluían Bayahibe y Boca de Chavón como punto de recepción de la droga que venía de Suramerica, teniendo en Higüey y Miches como centros de almacenamiento en propiedades de los integrantes de la banda.
Los investigadores identificaron una vivienda vinculada a Yovani Candelario Ortiz en Higüey y varias fincas y trabas de gallos en el sector Los Cuatro Caminos, en Miches, como parte de la infraestructura utilizada por la organización como almacen de la droga previo a enviarla en lanchas y yolas a Puerto Rico. También utilizaban galleras para lavar dinero y las mismas trabas servían para guardar drogas.
La solicitud de medida de coerción describe la participación de transportistas, encargados de fincas y personas dedicadas a la vigilancia de las costas. Incluso atribuye a algunos colaboradores el traslado de cargamentos mediante caballos en zonas próximas al litoral.
Asimismo, señala la utilización de lanchas rápidas artesanales y embarcaciones recreativas para los movimientos marítimos.
La investigación identifica a Fernando de Jesús Concepción, alias Pepe o El Gordo, como uno de los principales responsables de la logística y le atribuye incluso la seguridad de ciudadanos colombianos que acudían a supervisar cargamentos.
Entre los operadores mencionados aparecen Marcial Castillo, Wander Alberto Núñez Mercedes, Diofrendy Domingo Reyes Cabrera y otros colaboradores, cada uno con funciones que los fiscales consideran necesarias para sostener las operaciones.
Lavado de dinero con intermediario
El expediente también describe el sistema de intermediación para recibir las ganancias generadas por la cocaína comercializada en Puerto Rico y Estados Unidos, llegando a pagar un diez por ciento del dinero movido desde Estados Unidos hacia República Dominicana.
La acusación identifica a Fernando Guzmán Ventura y María Teresa Eutate Hilario de Rodríguez como participantes en ese circuito financiero. Las comunicaciones interceptadas describen entregas de cientos de miles de dólares en efectivo, coordinadas entre diferentes ciudades y posteriormente trasladadas hacia negocios relacionados con los principales investigados.
Entre las operaciones individualizadas figuran entregas de US$282,000 el 5 de agosto de 2021, US$300,000 el 13 de agosto y US$255,100 el 23 de ese mismo mes. Esas tres entregas suman US$837,100 en menos de tres semanas, de acuerdo con las transcripciones y registros citados por el Ministerio Público.
La investigación sostiene que se utilizaba un mecanismo de compensación conocido como modalidad espejo, mediante el cual se coordinaban entregas de fondos en distintos países sin que necesariamente se produjera un traslado físico internacional de cada suma.
El efectivo recibido en República Dominicana pasaba luego a una estructura de administración y negocios que, según los investigadores, permitía introducirlo progresivamente en actividades económicas formales.
La acusación la presenta a la empresa Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos como una de las principales plataformas utilizadas para administrar propiedades, otorgar préstamos, manejar divisas y movilizar fondos procedentes presuntamente del narcotráfico.
Gustavo Adolfo Carpio Calderón figura como administrador general de los bienes de Fausto Candelario Ortiz y gerente de las sucursales de esa empresa.
Los fiscales sostienen que recibía instrucciones para realizar pagos, depósitos, retiros y operaciones cambiarias de grandes cantidades de dinero.
La investigación señala, además, que la empresa operaba actividades de cambio de divisas sin contar con la licencia correspondiente para esa actividad.
La acusación menciona la utilización de Constructora Frasan, S.R.L. para inversiones inmobiliarias y señala vínculos económicos con Ramsel Auto Import y su negocio de alquiler de vehículos.
También identifica inversiones vinculadas a Mamajuana Café y Gal Restaurant, establecimientos que, según los fiscales, eran utilizados dentro del entramado económico relacionado con los investigados.
En estos últimos negocios aparece César Augusto Rodríguez Severino, alias Dondy, señalado como administrador y presunto colaborador en la colocación de capitales.
El análisis patrimonial presentado por los fiscales identifica movimientos y activos por más de RD$1,000 millones y aproximadamente US$16.45 millones, solamente en los inmuebles y vehículos señalados en el expediente.
A ello se agregan operaciones financieras, cambiarias y comerciales que, según la acusación, alcanzarían miles de millones de pesos.
Los investigadores describen un esquema en el que se adquirían terrenos, se levantaban edificaciones y posteriormente se comercializaban o alquilaban las propiedades.
También identifican préstamos, operaciones hipotecarias presuntamente simuladas y transferencias entre empresas que, de acuerdo con su interpretación, permitían justificar movimientos de capital.
El Ministerio Público sostiene que familiares, parejas sentimentales y allegados de los principales investigados aparecían como titulares de propiedades que realmente pertenecían a los dirigentes de la organización.
Entre las personas señaladas en esa parte del expediente figuran María del Rosario, Tauni Castillo Urbáez, Rosanny
Amada Sarmiento Villavicencio y varios hijos de Fausto Candelario Ortiz.
En el caso de Cristian George del Rosario, los fiscales identifican nueve operaciones en efectivo por un total de RD$17,430,700 entre 2021 y 2022, movimientos que incorporan a su investigación financiera.
Financiar campañas
El Ministerio Público sostiene que Fausto Candelario Ortiz utilizaba recursos procedentes del narcotráfico para financiar campañas electorales, establecer relaciones con dirigentes políticos y procurar protección para sus operaciones.
La acusación menciona vínculos directos e indirectos con diputados, regidores y otros actores de poder, aunque no ofrece mayores detalles, salvo en el caso del imputado Willy Manuel Zorrilla Domiínguez, regidor de Higüey y antiguo miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Zorrilla había trabajado como chofer y responsable de seguridad de Fausto Candelario Ortiz. También habría participado en el transporte de importantes sumas de dinero en efectivo provenientes de las operaciones de narcotráfico.
La relación entre ambos era tan estrecha que, de acuerdo con las comunicaciones citadas en el expediente, Fausto se refería a Zorrilla como su hijastro, mientras este lo identificaba como su padre. Cuando Zorrilla comenzó sus actividades políticas, habría recibido el respaldo económico y operativo de la organización.
El documento sostiene que integrantes de la estructura participaron en la búsqueda de votos y distribución de dinero para favorecer su elección como regidor. Una vez alcanzado el cargo, según los investigadores, Zorrilla habría adoptado un perfil más discreto dentro de la organización.
Los fiscales sostienen que parte del dinero presuntamente obtenido mediante el narcotráfico era utilizado también el patrocinio de artistas para actividades proselitistas.
El Ministerio Público señala inversiones en discotecas y establecimientos nocturnos, entre ellos Mamajuana Café, así como en restaurantes y otros negocios que manejaban importantes cantidades de efectivo.
La hipótesis de los investigadores es que esos establecimientos podían servir para introducir recursos ilícitos en la economía formal mediante operaciones comerciales que dificultaran distinguir los ingresos legítimos de los presuntamente procedentes del narcotráfico.
La investigación menciona, además, grandes gastos relacionados con peleas de gallos, actividad en la que los dirigentes de la organización habrían invertido sumas considerables.
Soborno a militares
Los fiscales sostienen que la organización recurría al soborno de autoridades para obtener información, protección y seguridad.
Uno de los señalamientos más concretos corresponde a Andis Terrero, identificado como antiguo integrante de la
División de Inteligencia Naval de la Armada de República Dominicana.
Según el expediente, Terrero habría proporcionado información y asesoramiento que favorecían las actividades de la organización.
La acusación también menciona al sargento mayor Celestino Reyes Castillo, de la Armada, en una operación investigada el 16 de mayo de 2022, cuando presuntamente se preparaba el envío de 503 paquetes de cocaína y el movimiento fue suspendido por la presencia de autoridades.
Los investigadores atribuyen a ambos militares labores de protección relacionadas con ese episodio.
El documento incluye igualmente referencias a amenazas de muerte, desapariciones y otras formas de coacción que, según el Ministerio Público, formaban parte de los mecanismos de intimidación utilizados por la estructura.
leídas
hora