David de los Santos, profesor de educación física
Santo Domingo.-El juez Pablo Imbert Rosario, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, que conoce la medida de coerción a los implicados del caso David de los Santos, este viernes otra vez fue recusado, en esta ocasión por los abogados de la Defensoría Pública.
Según la Defensoría Pública, el juez les asignó representar al civil Santiago Mateo Victoriano quien quedó en estado de indefensión, impidiendo así que este eligiera un nuevo representante legal, lo que consideraron como una violación a sus derechos.
Sin embargo, la defensa de la familia de De los Santos calificaron la recusación como una táctica dilatoria.
De modo que, la Corte de Apelación del Distrito Nacional tendrá nuevamente que rechazar o aprobar el pedimento contra este juez.
El conocimiento de medidas de coerción fue aplazado tentativamente para el próximo viernes 27 de mayo a las 9:00 AM.
Solicitud de coerción
El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva en contra de cuatro agentes policiales y tres civiles involucrados en la muerte de David de los Santos Correa, golpeado de manera salvaje mientras se encontraba detenido en el destacamento policial del sector Naco, en el Distrito Nacional.
La medida fue solicitada para el capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso Decena Hernández y el raso San Manuel González García o Sari Manuel González García. También, para los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña.
El expediente indica que los civiles Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña se asociaron con los policías para matar a la víctima, ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo.
Explica que la muerte fue provocada con el concurso de los imputados miembros de la Policía Nacional, por la acción de encerrarlo de manera ilegal, con las manos esposadas hacia atrás y por omisión a su deber de posición de garante, ya que, contrario a actuar conforme al derecho, los agentes faltaron a su obligación y materializaron una conducta de coautores frente a los actos de tortura o barbarie cometido contra De los Santos Correa.
