Recorte a financiamiento de partidos generaría ahorro de RD$810 millones al Estado
Santo Domingo.- La propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % el presupuesto asignado a los partidos políticos para el año 2026 representaría un ahorro directo de RD$810,000,000 para el Estado, dentro del plan de medidas de austeridad adoptado ante el impacto económico del alza en los precios internacionales del petróleo.
Actualmente, la contribución económica a los partidos, establecida en RD$1,620,000,000 según la Ley núm. 99-25 del Presupuesto General del Estado y distribuida por la Junta Central Electoral (JCE), se reduciría a RD$810,000,000 en caso de encontrar el apoyo de los partidos y de que se aplicara la medida, liberando recursos que podrían ser redirigidos a áreas prioritarias.
Desde la perspectiva fiscal, este ajuste se convierte en uno de los componentes clave dentro de la meta gubernamental de generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, mediante la revisión y reducción de gastos no esenciales, así como la optimización del uso de los recursos públicos.
El mayor impacto en términos de ahorro provendría del segmento que concentra el 80 % de los fondos, destinado a los principales partidos políticos, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, el enfoque de la medida no se centra únicamente en el impacto por organización, sino en la capacidad de generar liquidez inmediata para el Estado en un contexto de presión externa.
Las autoridades han explicado que estos recursos permitirían fortalecer la respuesta gubernamental ante el incremento en la factura petrolera, sostener programas sociales y mitigar posibles efectos sobre el costo de vida de la población.
En ese sentido, el recorte al financiamiento político se enmarca dentro de una estrategia más amplia de contención del gasto, que incluye reducción de gastos operativos, viáticos, combustibles, publicidad y contrataciones, con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar un uso más eficiente del presupuesto público.
