La mediocridad de muchos en la gestión pública, con resultados deplorables, sin creatividad y la presencia de la corrupción administrativa, hacen que veamos los salarios de ciertos funcionarios públicos como parte de un derroche o de un festín carroñero.

El sueldo no es necesariamente un costo oneroso si la retribución que recibe el Estado puede delinear una administración eficaz, ética, que agrega valor y evita sobrecostos en los procesos, sin prodigar beneficios a los bolsillos del incumbente ni a sus testaferros.

Las opacidades y los vasos comunicantes que articulan algunos turpenes para enriquecerse a costa del erario, es algo criminal, porque desvían recursos con los cuales sería posible propiciar la inclusión y disminuir la brecha social a través de la inversión en servicios públicos de calidad.

Ese debería ser nuestro punto de atención como ciudadanos. La presión de todos por esa vía puede provocar cambios relevantes y favorables a la sociedad, pero distraernos con el discurso populista de reducir sueldos, puede resultar un espejismo.

Desde mi óptica -y como decía la avispada e inteligente periodista Elsa Expósito, con quien tuve el honor de compartir espacio en la misma redacción, la ética tiene que ser financiada.

En general, los sueldos del Estado deben ser atractivos para conquistar a los mejores talentos. El problema surge cuando el clientelismo reparte los puestos públicos como una piñata sin tomar en cuenta los méritos. Ahí todo se distorsiona.

En ocasiones se llega al extremo -en el caso de funcionarios con clara intención de robar- de compartir perlas como esta con sus allegados: “Revisa la nómina, a ver qué puesto te interesa.” De entrada, este procedimiento merecería no sólo destitución, sino también prisión.

Es esa lógica del botín político lo que debemos combatir con energía extrema. Pero supervisores, reguladores y demás autoridades que hacen cumplir e imponen reglas en el mercado, no deberían ser sometidas a reducciones salariales que los coloquen como andrajosos bajo el dintel de las tentaciones del poder privado.

Apoyo la eliminación de instituciones innecesarias y la fusión de otras que generan duplicidades y operan solamente para saldar pasivos de campaña. La macrocefalia del Estado – que no está precisamente en los salarios de funcionarios- tiene que ser enfrentada con coraje. Es un reto para el nuevo gobierno.