Los funcionarios de alto rango, así como los empleados públicos de niveles inferiores, unifomados o no los unos y los otros, deben recordar en todo momento que no son más que simples sirvientes o servidores de ese gran jefe y dueño del negocio que no es otro que aquel a quien llamamos pueblo.
El pueblo los escogió a ellos para desempeñar un trabajo específico y, por lo tanto, ellos deben rendirle cuentas de lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. A la inversa, el pueblo, o sea el dueño del negocio, tiene todo el derecho de vigilar, preguntar y hasta dudar en torno al desempeño de su empleado.
Usted puede ser un ministro, un senador, un mensajero de oficina pública o lo que quiera, y como tal no puede molestarse si se le pide que explique en qué se gastó equis suma de dinero del Estado o por qué no se construyó el puente que hacía falta para llegar a determinada comunidad.
Para pedir rendición de cuentas están los medios de comunicación, entre otros instrumentos naturales o legales. Y para pinchar y molestar a los funcionarios y empleados de conducta dudosa estamos los periodistas.
Hay funcionarios que no aguantan eso. Por ejemplo, en estos días, ahí está el caso del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, que no resiste el embate de los trabajos de investigación de Alicia Ortega
Esta nota es, simplemente, un recordatorio. Los funcionarios y empleados públicos tienen que acostumbrarse a ser cuestionados por la ciudadanía que quiere y tiene derecho a saber cómo se está manejando la cosa pública. Los ciudadanos, por su parte, deben acostumbrarse a ejercer sus derechos, pidiéndoles cuentas a aquellos que eligieron para manejar bien los asuntos de Estado.