Santo Domingo.- El movimiento Reconoci.do exige al Gobierno que restituya la nacionalidad de los dominicanos que fueron desnacionalizados con la sentencia 168-13.
Según el Movimiento, han fracasado los mecanismos acordados con las autoridades nacionales para solucionar las consecuencias de la violación de los derechos fundamentales de 133,770 personas nacidas en territorio dominicano.
En un comunicado enviado a los medios nacionales, Reconoci.do explica que la Dirección Nacional de Migración llama ahora a los desnacionalizados, dos años después de emitida la Ley 169-14, con la que supuestamente se facilitaría su naturalización, a que se acojan a una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración No. 285-04. Para Reconoci.do, en la práctica, esto significa que los desnacionalizados continuarán siendo considerados extranjeros en su propio país, lo que tiene consecuencias para sus actividades civiles y políticas, como el derecho al voto y el acceso a la educación.
La Ley 169-14 en su artículo 8 establece que: “Los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la materia una vez hayan transcurrido dos (2) años de la obtención de una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración No. 285-04, siempre que acredite mediante certificación la inexistencia de antecedentes penales”.
Pero, por su situación especial, para optar por la naturalización, a diferencia de los extranjeros, el Gobierno debió habilitar un mecanismo especial para los desnacionalizados, lo que no se ha hecho hasta el momento.
El Movimiento recuerda en su comunicado que la Ley 169-14 se emitió para buscar “una salida razonable” a la situación de los desnacionalizados, pero que también tenía como objetivo implícito “bajar la tensión que la Sentencia 168-13 había creado, por su nivel de impacto y por la franca vulneración del derecho a la nacionalidad”.
Según el comunicado, del grupo A, es decir los desnacionalizados que tenían actas de nacimiento registradas, solo 13,495 de 61,000 afectados han recibido su cédula de identidad. En el documento se afirma que la Junta Central Electoral (JCE) se avocó a un proceso de auditoría y transcripción de registro, no establecido en la ley 169-14, lo que ha costado tres años de espera y una larga agonía para los que todavía no han logrado obtener sus documentos.
En la actualidad la JCE demanda la nulidad del primer registro original y deja solo el segundo registro, supuestamente para evitar duplicidad. “Este libro de transcripciones, separado del libro de registro ordinario donde se encuentran todos los dominicanos, se ha creado exclusivamente para segregar a los dominicanos de ascendencia haitiana del resto de los dominicanos”, enfatiza Reconoci.do.
Del grupo B, es decir los dominicanos que no estaban registrados, solo 8,755, de más de 79,923 pudieron acogerse al Plan. Entre las principales causas, que fueron denunciadas oportunamente, se encuentran: la solicitud de documentación extra por parte de los funcionarios a cargo del plan, tiempo insuficiente dado al proceso, trabas administrativas, realización de la inscripción en la Ley 169-14 en las mismas oficinas y simultáneamente que el alistamiento en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (creando así confusión), falta de promoción de la iniciativa que permitiera conocer a los afectados qué hacer, dónde dirigirse y cuáles documentos llevar; entre otras importantes causas asociadas.
Ante lo que consideran un fracaso de la Ley 169-14, los miembros de Reconoci.do se preguntan en su documento: “¿No sería mejor para el Estado, que de una vez y por todas decida restituir la nacionalidad sin intermediación a todos los afectados por la Sentencia 168-13? “
Entienden que la sociedad y el Gobierno dominicano deberían estar discutiendo hoy la reparación al daño causado por el Estado a decenas de miles de dominicanos y dominicanas, que han sufrido por sus proyectos de vida frustrados, sus sueños truncados y sus vidas suspendidas por más de una década. A juicio de los miembros del movimiento, no es necesario continuar forzando por una ruta que, además de que no repara ni resuelve el drama humano, tampoco es viable ni práctica.
“Demandamos que el Estado dominicano busque una solución al tema de la desnacionalización desde una perspectiva de justicia y derecho en vez de hacerlo desde una perspectiva de caridad”, se enfatiza en el documento.
