No se puede permitir que los pueblos del Cibao se conviertan en tierra de barbarie. De otra forma no pueden ser calificados los últimos hechos escenificados en varios puntos del norte del país.
Tampoco podemos concebir que de manera expresa se llame a movilizaciones y huelgas con un fin premeditado. Se puede enarbolar la bandera de conquistas sociales, pero hay que evitar que al mismo tiempo esas acciones legítimas generen dolor y muerte.
La razón y los derechos se pierden cuando una acción reivindicativa degenera en vandalismo.
Eso ocurrió en la ultima jornada de colectivos populares, que en principio enarbolan defensas sociales. Indudablemente que hay deudas sociales.
En cada rincón del país hay obras y demandas que, ante su incumplimiento, desbordan los límites de la esperanza, pero eso no puede servir de excusa para que elementos desaprensivos tomen el control de una manifestación pacífica y desvirtúen sus propósitos.
Todo tipo de reclamo, ya sea al gobierno central como a las autoridades municipales, debe hacerse bajo el imperio del orden y el respeto a las leyes.
En la dirigencia de los colectivos convocantes y en el seno de las comunidades demandantes debe imperar la cordura y la serenidad.
El pueblo dominicano es una comunidad de gente pacífica. Así debemos continuar. Nadie tiene autoridad para reclamar derechos si al mismo tiempo atenta contra la paz y el sosiego del país.
