BUENOS AIRES.— Integrantes de la organización social Somos Barrios de Pie protestaban el viernes ante el hotel donde se aloja el presidente argentino Javier Milei en demanda de más ayudas para los comedores populares en donde alimentan a familias sumidas en la pobreza y en contra de las medidas de fuerte ajuste que impulsa el gobierno.
El centenar de manifestantes, en su mayoría mujeres, portaba carteles y golpeaba ollas vacías exigiendo al gobierno más partidas de alimentos con el fin de hacer frente al creciente flujo de personas que acuden a los comedores debido a la constante subida de los precios y el deterioro social.
La manifestación tiene lugar cuando una misión del F
MI se dispone a retomar en las próximas horas las negociaciones con Argentina para rediseñar el acuerdo de financiación de una deuda de unos 45.000 millones de dólares que está inoperativo. Milei se ha mostrado dispuesto a aplicar un recorte del déficit fiscal más drástico aún que el que viene exigiendo desde hace meses el organismo.
En enero el país debe abonar unos 1.900 millones de dólares de vencimientos cuando el Banco Central intenta recomponer las mermadas reservas de divisas.
“Ollas presentes”, “El hambre no espera”, y “Los comedores comunitarios elaboran 10.000.000 de platos al día” eran algunos de los mensajes que se leían en los carteles que sostenían las manifestantes, ataviadas con pañuelos en la cabeza y delantales.
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En el momento de la protesta, Milei —un economista ultraliberal que llegó al poder el 10 de diciembre— no se encontraba en el hotel donde se aloja desde hace aproximadamente un mes a la espera de mudarse a la residencia presidencial situada en las afueras de la capital argentina.
La manifestación transcurría en la vereda, sin ocupar la calle, tal como establece el severo y polémico protocolo de seguridad establecido por el gobierno que prohíbe los cortes de calles durante las protestas.
Celeste Ortiz pidió que “este gobierno deje de ajustar porque está arrojando a un montón de infancias y adultos mayores a la pobreza, que dejan de comer hasta la única comida diaria”.
“Necesitamos alimentos de calidad, somos un país productor y no puede ser que en nuestro país hablemos de (un kilo de) azúcar a 2.000 pesos (2,40 dólares)”, se quejó la mujer en declaraciones a The Associated Press al apuntar sobre la creciente vulnerabilidad de las clases populares en el actual contexto inflacionario.
Ortiz también criticó la batería de medidas del gobierno para recortar el gasto y el amplio decreto que puso en funcionamiento para desregular la economía. “Las medidas son funcionales a los grandes empresarios y es para enriquecerlos aún más”.
Dirigentes opositores, sindicatos y organismos de derechos humanos han presentado demandas contra el decreto “de necesidad y urgencia” publicado con el alegado propósito de evitar males peores en la economía y que sí tiene el apoyo de sectores empresarios como la Asociación Empresaria Argentina, que reúne a las principales compañías.
El texto ha encontrado obstáculos en la justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió las nuevas disposiciones en materia laboral que, por ejemplo, habilitan la eliminación de la doble indemnización por despido para los casos en los que el trabajador no está registrado y la limitación del derecho a huelga en actividades consideradas esenciales como la educación y el transporte.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la protesta frente al hotel y dijo sobre el pedido de más partidas de alimentos que “va a ser analizado”.
“Estamos avocados a pulverizar la inflación, porque es uno de los grandes dramas que tiene la Argentina, por eso la importancia del déficit (fiscal), de tener las cuentas en orden”, sostuvo el funcionario.
Analistas económicos calculan que la inflación de diciembre será de entre 25 y 30% y que 2023 terminará con una tasa inflacionaria de más de 200%. Los datos oficiales serán difundidos la próxima semana.
El reclamo de los comedores comunitarios para recibir más alimentos y de mejor calidad tiene lugar desde hace meses, cuando durante el anterior gobierno del presidente Alberto Fernández (2019-2023) se recalentó la inflación en un contexto de constante emisión monetaria.
