Con la entrega de dos de los cinco cuadrantes que integran el nuevo Centro Correccional y Rehabilitación (CCR) Las Parras, se pondrá fin al negocio implementado por años en la cárcel La Victoria, el cual genera miles de recursos a las autoridades encargadas de la seguridad del penal y que ha permitido la planificación de crímenes y delitos.
El director de los Servicios Penitenciarios, Correccionales y Rehabilitación, Roberto Santana, indicó que, para evitar la corrupción dentro de Las Parras, la seguridad del penal está integrada por personal civil. Para pertenecer a este cuerpo no se puede haber sido parte de la Policía ni de ninguna institución militar.
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El centro carcelario inició sus operaciones con personal multidisciplinario especializado, compuesto por civiles formados durante ocho meses bajo la doctrina del “cero ocio”, la educación y el trabajo.
El CCR Las Parras cuenta con unas 500 cámaras de seguridad, un diseño estructural con verjas perimetrales, bloques cerrados, torres de vigilancia y un centro de control y monitoreo interno.
El complejo también dispone de un edificio administrativo y zonas de registro, como el acceso ECO 1, con protocolos rigurosos para la entrada de personal y visitantes.
El funcionario señaló que, especialmente desde el penal La Victoria, se genera la mayor cantidad de extorsiones y estafas mediante llamadas telefónicas. Por esta razón, no se permitirán teléfonos celulares, excepto los facilitados por el centro Las Parras para que los privados de libertad se comuniquen con sus familiares y abogados.
“Este no es un centro vacacional, sino un centro de sanción social donde habrá rehabilitación y reinserción”, manifestó el director de prisiones.
Santana aseguró que este recinto permitirá descongestionar el sistema penitenciario de la República Dominicana, especialmente el viejo penal de La Victoria, uno de los más sobrepoblados de la historia del país, situación que durante años ha afectado a las cárceles dominicanas.
Hasta el momento se han trasladado 300 internos, tres de ellos preventivos y el resto condenados. Al ser preguntados sobre cómo se sienten, expresaron que se encuentran bien dentro de su condición.
Santana agregó que los internos de La Victoria son los más difíciles, pues se resisten al traslado, pero afirmó que, aun así, tendrán que ser llevados a Las Parras.
El nuevo recinto, ubicado en San Antonio de Guerra, fue recibido por el director de los Servicios Penitenciarios, quien explicó que serán trasladados 2,400 privados de libertad. Actualmente hay 300 internos, y otro grupo de 400 está siendo evaluado por un equipo multidisciplinario para su futuro traslado, ya que debe cumplirse un proceso para mantener el control del recinto.
El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, entregó este sábado la primera fase del nuevo CCR Las Parras. Indicó que la obra será concluida en su totalidad al final de 2026, con una inversión superior a los 200 millones de pesos.
Negocios fuera de la cárcel de La Victoria
Las personas que tienen pequeños negocios alrededor de la cárcel La Victoria se negaron a expresar su opinión sobre el traslado de privados de libertad hacia Las Parras, por temor a perder sus puestos de venta, alquiler de ropa, servicios de guardado de celulares para familiares y visitantes, entre otros servicios.
Aseguraron que los agentes policiales encargados de la seguridad del penal podrían desalojarlos si hablan con la prensa, aunque dijeron que no pagan peajes a dichos agentes.
Otros residentes ofrecen servicios de motoconcho, cuidado de vehículos, venta de frutas y envases plásticos y más.
También operan los llamados buscones, quienes se identifican como ayudantes de los policías ubicados en la entrada del penal.
Casos planificados y ordenados desde las cárceles
Se recuerda que miembros de estructuras del crimen organizado han planificado y dirigido asesinatos y otros delitos desde las cárceles mediante llamadas telefónicas.
Además, se han organizado secuestros, asaltos y estafas, entre otros crímenes. Por esta razón, las autoridades analizan un plan para enfrentar y erradicar la criminalidad operada desde los centros penitenciarios de República Dominicana, que ha cobrado la vida tanto de personas implicadas en hechos delictivos como de ciudadanos ajenos a estos.
Entre los casos que, según las autoridades, fueron planificados desde las cárceles, está el atentado contra el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, un hecho que impactó a nivel nacional e internacional.
El interno José Eduardo Ciprián (“Chuky”) supuestamente financió la operación de sicariato y la planificó desde la cárcel del 15 de Azua, junto a Alberto Miguel Rodríguez Mota, quien contactó a los demás involucrados.
El privado de libertad Jesús Pascual Cabrera Ruiz, apresado por narcotráfico, dirigió desde prisión una red de sicariato, ordenando a través de teléfonos celulares los asesinatos de César Sánchez Ortiz (Caballón), Juan Francisco Piña Mateo (Francis Boutique), José Bienvenido Marte Mercedes y Fredy Mario Manzanillo.
También ordenó la muerte de un miembro de la DNCD y un intento de homicidio contra el narcotraficante Winston Rizik (“El Gallero”).
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