Santo Domingo.- El Consejo Nacional de Competitividad dejó inaugurado el VII Encuentro de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria, en el marco del Pilar número uno de la Agenda Nacional de Competitividad “Dominicana Competitiva”, que se refiere a la facilitación comercial.
En el marco de la actividad Rafael Paz, Director Ejecutivo de COMPETITIVIDAD, manifestó que constituye una gran oportunidad para la región la posibilidad de intercambiar buenas prácticas y un alto honor que la República Dominicana haya sido escogida como país sede de tan importante encuentro internacional.
A la vez que el encuentro reafirma el firme interés del gobierno de la República Dominicana, y muy particularmente del presidente Danilo Medina Sánchez, de seguir revirtiendo cada una de las condiciones que afectan la competitividad nacional, siendo el engranaje regulatorio quizás la más significativa de todas.
Paz expresó que ‘‘en la República Dominicana estamos inmersos en un proceso de transformación del Estado dominicano. Nunca como ahora había existido tanto consenso en torno a que una gran alianza público-privada puede construir respuestas a los desafíos históricos cuando de productividad, competitividad y generación de oportunidades para la gente se trata.”
De igual forma señaló que “nosotros, en Competitividad, hemos asumido esta tarea con dos objetivos específicos: 1) ponérsela más fácil al ciudadano y a las empresas; y 2) lograr que el Estado entienda que sus decisiones generan costos para todos los involucrados y para el Estado mismo…nunca antes se habían ejecutado este tipo de iniciativas en la República Dominicana.”
Para pasar de las formalidades a las acciones concretas la Dirección Ejecutiva de COMPETITIVIDAD procedió con la emisión de la Resolución 0003-2018 que establece la metodología para el levantamiento del inventario regulatorio y la implementación del Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA-RD) con el asesoramiento de la CONAMER.
La resolución también dispone la creación de un mecanismo de consulta al sector privado que permitirá a las asociaciones empresariales, empresas y particulares en general, remitir informaciones sobre aquellas regulaciones, trámites y servicios que pudieran estar afectando sus respectivos derechos económicos y sociales, garantizados por la Constitución de la República.
