Reacción en India sobre 104 nacionales hindúes deportados

Nueva Delhi.-El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, aseguró ayer que el procedimiento de deportación de migrantes indocumentados de Estados Unidos a la India no ha cambiado desde la llegada del presidente Donald Trump al poder en Washington, pero pidió al Gobierno estadounidense que garantice que ninguna persona sea maltratada en estos vuelos.

“No ha habido ningún cambio en el procedimiento (de deportación de migrantes)”, dijo Jaishankar en una comparecencia en la Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento de la India, un día después de que aterrizase en la ciudad noroccidental de Amritsar un avión militar procedente de Estados Unidos con 104 ciudadanos indios deportados a bordo.

“Estamos trabajando con el Gobierno de Estados Unidos para garantizar que los deportados que regresan (a la India) no sean maltratados de ninguna manera”, recalcó el ministro de Asuntos Exteriores indio.
El canciller instó además a la cámara a trasladar el foco en lo relativo a la inmigración ilegal al problema de la “industria migratoria” y del tráfico ilegal de personas.

Crítica de opositores
Anteriormente, varios miembros del opositor Partido del Congreso habían pedido al Gobierno de la India, liderado por Narendra Modi -a quien se considera próximo al presidente de Estados Unidos: que clarificase su posición respecto a los vuelos de deportación ordenados por la Administración de Trump.

La crítica de la oposición india a la posición del Gobierno indio tiene que ver con las condiciones en las que los migrantes son deportados de vuelta a la India, supuestamente esposados y en una aeronave militar, y no con el hecho de la deportación de inmigrantes indocumentados, una política generalmente aceptada en este país asiático.

La política migratoria del mandatario estadounidense ha sido duramente criticada por gobiernos de América Latina como el de Colombia o el de México, pero no por el Ejecutivo de Modi, que se ha mostrado “abierto” a aceptar la deportación a su territorio de los ciudadanos indios que permanecen de forma irregular en Estados Unidos.

Trump y la Corte Penal
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel.

El mandatario consideró en ese documento que la CPI ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, definido como un “aliado estrecho”, y ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.

Para Trump, las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto”.

Esa “conducta maligna”, en su opinión, “amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense” y de sus aliados.

El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.

Aunque se destaca que Washington sigue comprometido con la rendición de cuentas, se pide que la CPI respete su decisión y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa corte.

Alcance de la orden
La orden contempla restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

Así, la entrada “sin restricciones” de inmigrantes y no inmigrantes que se considere que cumplan los criterios marcados se tacha de perjudicial y se suspende, a menos que desde el Departamento de Estado se determine lo contrario en base a recomendaciones de la fiscal general, Pam Bondi.

Las atribuciones

— Creación
La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.