Santo Domingo.-República Dominicana y Estados Unidos pusieron en vigencia hoy el Tratado de Extradición de sus ciudadanos, lo que facilitará de manera eficiente enfrentar el crimen y la delincuencia nacional e internacional, el cual abarcará nuevas modalidades delictivas, como los son los tipificados de alta tecnología, terrorismo, narcotráfico y sicariato.
La entrada en vigencia del mecanismo fue firmado a nombre de sus respectivos países, por el Ministro de Relaciones Exteriores (Mirex), Miguel Vargas y el Embajador de los Estados Unidos en el país, James W. Brewster, con la presencia del Procurador General Adjunto de la República, Rodolfo Espiñeira, en representación del titular Jean Alain Rodríguez, durante un acto celebrado en la sede de la Cancillería.
Previo a la oficialización del acuerdo, el Canciller Vargas refirió que el mismo recoge aspectos procesales que traerán un importante avance respecto del anterior “y contempla temas como la obligación de conceder la extradición o facilitarla respecto de aquellos delitos que no eran susceptibles de ser cometidos y tipificados hace 106 años”.
El nuevo tratado consigna el establecimiento de una cooperación “más eficaz entre las partes, planteando un mayor detalle sobre los requisitos y procedimientos de entrega de personas que infrinjan la Ley, incluyendo también solicitudes de arresto provisional”.
Indicó que con la entrada en vigencia del acuerdo, se reitera el objetivo y propósito de colaboración en la entrega recíproca de personas buscadas dentro de la jurisdicción de una de las partes para su enjuiciamiento o cumplimiento de una sentencia por un delito extraditable.
Vargas expresó que las relaciones bilaterales entre los dos países se encuentran en su mejor momento, significando que en menos de un mes ambas naciones han firmado el Acuerdo del Pre Chequeo para los pasajeros que se dirijan a Estados Unidos desde el Aeropuerto de Punta Cana y el que hoy se ratifica.
Al ponderar la entrada en vigor del instrumento legal, el Canciller Vargas observó que este paso se produce luego de ser analizado por el Tribunal Constitucional y ratificado por el Congreso Nacional.
El nuevo acuerdo sustituye al firmado el 12 de enero del año en curso, el que a su vez lo hizo con el rubricado el 19 de junio de 1909, que entró en vigencia el 2 de agosto de 1910, refrendado por la Convención sobre Extradición de Montevideo del 26 de diciembre de 1933.
De su lado, el Embajador Brewster, expresó que con el nuevo tratado de extradición, su renueva el compromiso de trabajar con sus contrapartes dominicanas “para que los imputados de un crimen sean procesados por sus delitos, utilizando la extradición como una herramienta clave para reducir el crimen y mejorar la seguridad nacional y seguridad ciudadana”.
Refirió también que el objetivo principal del tratado es la entrada en vigencia de la actualización del acuerdo de extradición, de manera que se puedan enfrentar de forma efectiva las nuevas modalidades delictivas, así como eficientizar la aplicación de la ley frente a los distintos delitos en ambos países, además de ampliar las nuevas modalidades delictivas en su aplicación.
El Tratado
Con el convenio de cooperación, los dos países actualizan su compromiso de trabajar de manera conjunta con sus contrapartes “para responsabilizar a aquellos que transgredan la ley, utilizando la extradición como una herramienta clave para reducir el crimen y garantizar la seguridad ciudadana».
Además, dispone que las partes se comprometan a entregarse los imputados requeridos para enjuiciamiento “o para el cumplimiento de alguna sentencia condenatoria, por intento, conspiración o participación en la comisión de un delito en cualquiera que sea el grado».
Asimismo precisa que pueden ser extraditados, entre otros, los imputados del delito de fraude o evasión fiscal, violación a los controles de importación o exportación de productos o dinero en efectivo.
El pacto consigna que las partes reconocen y aceptan que la extradición es una herramienta básica en la lucha contra el crimen organizado, lo que constituye «un mensaje contundente” de que las personas acusadas o encontradas culpables, no encontrarán refugio en sus respectivos territorios.
