Santo Domingo.- Una familia dominicana de cuatro integrantes necesita entre RD$17,000 y RD$19,000 mensuales únicamente para acceder a una alimentación suficiente, variada y nutritiva, una suma que evidencia las dificultades económicas que enfrentan miles de hogares para mantener una dieta saludable.
La situación adquiere mayor relevancia ante el costo de la canasta familiar, el rezago de los ingresos laborales y las limitaciones para adquirir alimentos ricos en proteínas, vitaminas, frutas y vegetales.
Así coincidieron los economistas Haivanjoe NG Cortiñas y Juan del Rosario, quienes explicaron que la seguridad alimentaria no debe medirse únicamente por la disponibilidad diaria de comida, sino también por la capacidad económica de las familias para consumir alimentos nutritivos y mantener una vida saludable.
NG Cortiñas coincidió en que el gasto destinado a los alimentos no garantiza, por sí solo, una nutrición adecuada.
El economista estimó que los hogares de bajos recursos destinan entre el 35% y el 45% de sus ingresos a la compra de comida, una proporción superior en más del doble a la que dedican las familias de mayores ingresos.
No obstante, dijo que ese esfuerzo económico no siempre se traduce en una alimentación suficiente y variada.
La canasta familiar se acerca a los RD$50,000 mensuales
De acuerdo con Haivanjoe NG Cortiñas, basado en el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2026, la dieta saludable dominicana figura entre las más costosas de América Latina.
El economista indicó que la canasta básica de los hogares de menores ingresos alcanza los RD$29,757 mensuales, mientras que la canasta promedio nacional asciende a RD$49,803.
Detalló que la diferencia entre esos montos y los ingresos de buena parte de la población trabajadora limita la posibilidad de cubrir no solo la alimentación, sino también otros gastos esenciales, como vivienda, transporte, electricidad y salud.
NG Cortiñas explicó que, durante los últimos cinco años, el trabajador promedio pasó de cubrir aproximadamente la mitad del costo de la canasta nacional a cubrir el 63%. Sin embargo, todavía necesita alrededor de RD$18,000 adicionales al mes para completar ese gasto.
Según los datos ofrecidos por el economista, seis de cada diez trabajadores no alcanzan a cubrir la canasta de los hogares más pobres, mientras que nueve de cada diez no pueden cubrir la canasta promedio nacional.
Salir del mapa del hambre no significa comer saludablemente
Para Juan del Rosario, economista, la exclusión de República Dominicana de determinadas clasificaciones internacionales relacionadas con el hambre debe interpretarse con cautela.
El especialista sostuvo que el hecho de que el país figure en una categoría favorable no significa que, en la práctica, toda la población tenga garantizado el acceso a una alimentación adecuada.
Del Rosario destacó que República Dominicana es una economía de ingreso medio y que sus principales dificultades alimentarias están relacionadas no solamente con la disponibilidad de comida, sino también con la distribución de los ingresos y la capacidad de compra de los hogares.
Expresó que los indicadores generales pueden mostrar avances en la reducción del hambre sin reflejar completamente las condiciones nutricionales de las familias más vulnerables.
“Una familia puede no estar pasando hambre, pero no tener dinero para adquirir alimentos de una dieta balanceada”, planteó el economista al explicar la diferencia entre comer diariamente y alimentarse de manera saludable.
El especialista consideró que esta distinción debe ocupar un lugar central en la evaluación de las políticas públicas dirigidas a mejorar la seguridad alimentaria.
Del Rosario advirtió que una de las principales dificultades nutricionales del país es la dependencia de alimentos ricos en carbohidratos, como el arroz y el pan, en detrimento de una dieta suficientemente variada.
Añadió que una alimentación basada principalmente en estos productos puede coexistir con problemas nutricionales como la obesidad y la anemia, situaciones que, señaló, afectan especialmente a niños y mujeres embarazadas.
Puso como ejemplo que la limitación económica influye directamente en las decisiones de consumo. Cuando los ingresos no alcanzan para adquirir proteínas, frutas y vegetales, las familias tienden a priorizar los productos que ofrecen mayor cantidad de alimento por un menor precio.
“Esta realidad evidencia que la seguridad alimentaria no depende exclusivamente de que haya comida disponible, sino también de que las personas puedan acceder a una dieta equilibrada que responda a sus necesidades nutricionales”, agregó a El Día.
Del Rosario también llamó la atención sobre el comportamiento de los precios y su efecto sobre el presupuesto familiar.
El economista señaló que la inflación supera el 5 %, según las cifras a las que hizo referencia, y destacó que el transporte, los alimentos y la vivienda figuran entre los componentes que presionan el costo de la vida.
El encarecimiento de estos bienes y servicios reduce el dinero disponible para comprar alimentos de mayor calidad nutricional, especialmente entre los hogares que dependen de salarios bajos.
En ese contexto, el costo de una dieta saludable se convierte en una barrera económica que puede impedir que una familia mejore sus condiciones de nutrición, incluso cuando dispone de ingresos suficientes para comer todos los días.
Subsidios sociales y deuda: el desafío de sostener el hambre cero
Del Rosario sostuvo que los subsidios sociales, el aumento de los ingresos reales y la productividad del sector productor de alimentos han sido presentados como pilares de la estrategia nacional para avanzar hacia el objetivo de hambre cero.
Sin embargo, advirtió que la sostenibilidad financiera de ese modelo constituye un desafío.
A su juicio, cuando una parte importante del esfuerzo para sostener el consumo depende de subsidios financiados mediante recursos públicos, es necesario evaluar sus efectos sobre el déficit fiscal y el endeudamiento.
El economista consideró que las políticas de apoyo a los hogares vulnerables deben complementarse con mejoras sostenidas de la productividad y de los salarios reales, de manera que los trabajadores puedan adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios sin depender exclusivamente de las transferencias estatales.
En ese sentido, planteó que el objetivo debe ser mejorar la capacidad adquisitiva de la población y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida.
Incertidumbre en el sector arrocero y seguridad alimentaria
Otro de los puntos señalados por Del Rosario es la incertidumbre que, según explicó, afecta al sector arrocero dominicano en relación con la protección arancelaria y la entrada de importaciones bajo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
El economista cuestionó qué ocurriría con la estrategia de seguridad alimentaria si la producción local perdiera terreno frente a los productos importados.
También expresó preocupación por el posible impacto sobre el empleo y los ingresos de quienes dependen de la actividad arrocera, al señalar que más de 300,000 personas estarían vinculadas a ese sector, según su estimación.
Para Del Rosario, el desafío consiste en mantener el apoyo a los productores nacionales y preservar la capacidad productiva del país, mientras se garantiza el acceso de los consumidores a alimentos a precios asequibles.
El tema cobra relevancia porque el arroz ocupa un lugar central en la alimentación dominicana y constituye una fuente importante de ingresos para productores, trabajadores y otros participantes de la cadena agroalimentaria.
La sostenibilidad de la seguridad alimentaria, desde esta perspectiva, depende tanto del poder adquisitivo de los consumidores como de la capacidad de la producción nacional para responder a la demanda.
Economistas plantean mejorar los salarios y fortalecer la producción local
Frente a este panorama, Del Rosario consideró necesario continuar apoyando la producción nacional, elevar la productividad de los trabajadores y procurar que esas mejoras se reflejen en los salarios reales.
El salario real es el que permite medir la cantidad de bienes y servicios que una persona puede comprar con sus ingresos, tomando en cuenta los cambios en los precios.
Para el economista, mejorar esa capacidad adquisitiva resulta esencial para que las familias puedan incorporar suficientes proteínas, vitaminas y otros nutrientes a su alimentación
leídas