República Dominicana fortalece su estrategia de financiamiento de respuesta ante desastres
Santo Domingo.– República Dominicana está fortaleciendo su capacidad de respuesta ante desastres mediante la implementación de líneas de crédito contingente, diseñadas para activarse en situaciones de emergencia y calamidad pública.
Estos instrumentos son clave para garantizar una respuesta rápida y efectiva frente a eventos climáticos extremos y crisis sanitarias.
Instrumentos financieros para la gestión de riesgos
Uno de los principales mecanismos es el Préstamo para el Desarrollo de Políticas de Gestión del Riesgo de Desastres (Cat-DDO), por un monto de US$230 millones, obtenido en 2022. Este préstamo proporciona liquidez inmediata al Estado en caso de emergencias nacionales, y su efectividad quedó demostrada durante la pandemia de COVID-19, tras la utilización completa de la primera línea entre 2017 y 2020.
Otra herramienta crucial es la Línea de Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales, establecida en 2015 con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con un valor de US$300 millones, su desembolso se realiza de manera rápida con base en parámetros específicos, activándose tras desastres naturales.
Según el informe “Riesgos Fiscales 2024”, del Ministerio de Hacienda, hasta la fecha se han desembolsado US$16 millones para atender los daños ocasionados por el huracán María en 2017 y US$90 millones entre 2021 y 2022 en respuesta a la crisis derivada de la pandemia.
Además, el país cuenta con financiamiento interno a través de la Ley 183-02, que permite al Banco Central otorgar préstamos al Gobierno Central en situaciones de emergencia nacional, con un límite del 2% del promedio de los ingresos corrientes del Gobierno Central en los últimos tres años. Este mecanismo fue utilizado en 2017, cuando el país enfrentó intensas lluvias torrenciales, resultando en un crédito de RD$8,000 millones.
Seguro agropecuario
Otro instrumento de protección financiera del Estado dominicano es el seguro agropecuario, establecido en 2009 como un mecanismo para garantizar la inversión de los productores agropecuarios, especialmente pequeños y medianos, ante pérdidas económicas provocadas por eventos naturales impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías.
Este seguro es ofrecido por la empresa de capital mixto Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa), la única de su tipo en el país. Para fomentar la afiliación de nuevos productores, la Ley 197-11 establece que el Fondo Dominicano de Apoyo al Seguro Agropecuario, administrado por la Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA), reciba un aporte estatal anual de RD$150 millones del Presupuesto Nacional para subsidiar la prima del seguro agropecuario.
Este subsidio estatal cubre entre el 25% y el 50% del valor de la prima, dependiendo de la cantidad de hectáreas aseguradas por cada productor.
Próximos pasos en la gestión del riesgo de desastres
El informe señala que, para continuar fortaleciendo el marco institucional y financiero para la gestión de riesgos de desastres en el país, se trabajará en:
- Desarrollar una metodología oficial para cuantificar de manera precisa los pasivos contingentes vinculados a desastres naturales.
- Actualizar el Perfil Nacional de Riesgo Catastrófico (CDRP, por sus siglas en inglés) en colaboración con el Banco Mundial (BM), incorporando la evaluación de las pérdidas económicas probables asociadas a las inundaciones.
- Elaborar un Marco Estratégico de Financiamiento para la Gestión del Riesgo Fiscal asociado a Desastres Naturales, impulsado por el Ministerio de Hacienda, con el fin de integrar la gestión del riesgo en la planificación y presupuestación pública, asegurando que las decisiones fiscales consideren sistemáticamente las amenazas naturales y sus posibles impactos.
Con estas medidas, República Dominicana fortalece su capacidad de respuesta ante el cambio climático y las emergencias sanitarias, subrayando la importancia de la planificación financiera para la protección de la población y el desarrollo sostenible del país.
La gestión proactiva del riesgo de desastres es clave para garantizar un futuro más seguro para todos los dominicanos.
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