República Dominicana se enfrenta a una tragedia que se repite cada día en sus calles y carreteras: más de 200 motociclistas han perdido la vida en los primeros meses de 2026 y el 85 % de ellos no llevaba casco protector.
Las cifras del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) no pueden asumirse como simples números, sino como el reflejo de una sociedad atrapada en la indiferencia, la falta de compromiso y la ausencia de autoridad efectiva.
El crecimiento acelerado del parque de motocicletas ha transformado la movilidad en ciudades y zonas rurales, pero también ha desbordado la capacidad de respuesta del sistema sanitario y ha expuesto la fragilidad de nuestras instituciones.
El Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, por ejemplo, registró más de 12,000 ingresos por accidentes de motocicleta, en apenas cuatro meses, saturando los servicios de emergencia y dejando en evidencia que la crisis no es sólo vial, sino también sanitaria y social.
Es incuestionable que la motocicleta se ha convertido en el vehículo de los trabajadores informales, de los jóvenes que buscan movilidad rápida y barata, y de quienes no encuentran otra opción en un sistema de transporte público que todavía, a pesar de unos que otros esfuerzos, sigue siendo caótico e insuficiente en las principales ciudades del país.
Sin embargo, esa democratización del acceso al transporte ha traído consigo una peligrosa normalización de la imprudencia, caracterizada por las odiosas prácticas de conducir sin casco, sin licencia, sin seguro y sin el más mínimo respeto por las normas de tránsito.
Cada accidente es narrado como una fatalidad inevitable, cuando en realidad es la consecuencia de decisiones irresponsables y de una cultura que tolera la infracción como si fuera parte del paisaje cotidiano.
La impotencia ciudadana se traduce en silencio, en la aceptación de que “así son las cosas”, en la falta de presión colectiva para exigir cambios.
El otro lado de la moneda, el de mayor peso, es la debilidad institucional, que se advierte cuando la acción se limita a campañas de concienciación esporádicas y a operativos de control en algunos fines de semana y fechas especiales, así como en la fiscalización fugaz y sin ninguna continuidad ni rigurosidad.
El Opsevi, órgano técnico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ofrece una data importante y admite que muchas motocicletas circulan sin documentación, y que la falta de datos precisos sobre uso de casco, consumo de alcohol o posesión de licencia limita la elaboración de estrategias preventivas.
Es evidente que la autoridad se muestra incapaz de sostener políticas públicas integrales. La ausencia de controles efectivos permite que la reincidencia sea la norma y que la vida de miles de dominicanos dependa de la suerte más que de la ley.
El Estado, que debería ser garante de la seguridad, se convierte en espectador de una tragedia que se repite con escalofriante y molestosa frecuencia.
Los motociclistas, en su mayoría jóvenes y trabajadores informales, se convierten en víctimas de un sistema que no los protege ni los educa. Las familias cargan con el dolor de las pérdidas, los hospitales con la saturación de pacientes, y la sociedad con la sensación de que muy pocas cosas cambian, a pesar de las promesas.
La violencia vial se suma a otras formas de violencia que marcan la vida nacional, y refuerza la percepción de que la vida humana tiene poco valor en un país que presume de hospitalidad y alegría, pero que permite que su juventud muera en las calles por falta de un casco, del cumplimiento de las reglas y/o de una autoridad presente.
Entre 2021 y 2025, más de 9,000 personas murieron en accidentes de motocicletas. En 2025, las muertes por esta causa representaron el 65 % de los fallecimientos viales. No se trata de un problema nuevo ni de una sorpresa: es una crisis anunciada, repetida y tolerada.
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