Santo Domingo. – A poco más de un año de la puesta en marcha del sistema de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que en República Dominicana se han emitido más de 1,000 millones de comprobantes fiscales digitales, un hito que refleja la creciente adopción de la facturación electrónica en el país.
El sistema, que entró en vigor el 16 de mayo de 2023, permite a la DGII recibir en tiempo real los comprobantes emitidos por los contribuyentes, lo que ha mejorado la precisión del monitoreo de la actividad económica y ha contribuido a reducir significativamente la evasión fiscal.
Según la institución, más de 8,000 contribuyentes ya operan como emisores y receptores electrónicos. De estos, un 20% utiliza el Facturador Gratuito, una herramienta digital creada por la DGII para facilitar la emisión de facturas sin costo, especialmente pensada para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
“Este es un incentivo sin precedentes para que las Mipymes avancen hacia la transformación digital”, afirmó Patricia Gil, gerente de Facturación de la DGII, al destacar la entrega gratuita de 30,000 certificados digitales para usuarios del facturador gratuito, iniciativa que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025.
Estos certificados permiten la firma digital de facturas electrónicas, garantizando su validez legal y la seguridad del proceso. Gil resaltó además que esta herramienta contribuye a reducir el uso de papel y agiliza la transmisión de documentos fiscales.
La expansión del sistema también cuenta con el respaldo de 83 proveedores de servicios autorizados y cerca de 7,000 contribuyentes en proceso de certificación, lo que refuerza la estructura tecnológica y operativa de la facturación electrónica en el país.
Inteligencia artificial para detectar irregularidades
Como parte del proceso de modernización del sistema fiscal, la DGII incorporó recientemente el detector de anomalías en facturación electrónica, una plataforma basada en inteligencia artificial que permite identificar patrones inusuales o comportamientos atípicos en las transacciones, lo cual puede indicar riesgos fiscales.
Eusebio García, gerente de Tecnología de la DGII, explicó que esta herramienta “optimiza la priorización de casos, mejora el uso de recursos de fiscalización y ayuda a detectar operaciones irregulares como simulaciones o volúmenes inusuales”.
García también aseguró que la solución tecnológica “mejora la calidad de los datos y profundiza el conocimiento sobre el comportamiento de los contribuyentes”.
Ley 32-23 y cronograma de implementación
La Ley 32-23, que regula el uso obligatorio de la factura electrónica en el ámbito nacional, establece un cronograma escalonado para la incorporación de los contribuyentes al nuevo sistema.
Los grandes contribuyentes nacionales dispusieron de un plazo de 12 meses desde la promulgación de la ley para empezar a emitir e-CF. Según el calendario publicado por la DGII:
El primer grupo tuvo como fecha límite el 15 de enero de 2024.
El segundo grupo, hasta el 15 de marzo de 2024.
El tercer grupo, hasta el 15 de mayo de 2024, teniendo una extensión en el plazo.
Los contribuyentes pueden consultar su fecha de incorporación en el portal web de la DGII, sección Facturación, en el apartado “Facturación Electrónica”, ingresando su Registro Nacional de Contribuyente (RNC). También se permite adelantar o posponer la fecha de entrada, según el grupo asignado.
Requisitos para convertirse en emisor electrónico
La DGII recuerda que los interesados en convertirse en emisores electrónicos deben cumplir con los siguientes requisitos:
Completar el formulario de solicitud disponible en la Oficina Virtual (OFV).
Contar con un certificado digital para procesos tributarios, a nombre de la persona autorizada en el RNC.
Aprobar satisfactoriamente el proceso de certificación técnica exigido por la institución.
Tener el Registro Nacional de Contribuyentes actualizado.
Con esta transformación digital, la DGII busca construir un sistema fiscal más eficiente, transparente y moderno, alineado con las mejores prácticas internacionales y centrado en la trazabilidad y la equidad tributaria.
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