El tema ambiental ha venido a ser de una alta sensibilidad en todos los órdenes de la actividad humana en el país, particularmente en los que tienen que ver con economía, política y migración.
Desde el punto de vista de los negocios particulares, el examen de los efectos ambientales es obligatorio, no sólo para ajustar proyectos a las leyes sobre el particular, sino para resguardarse de contingencias con una opinión pública altamente sensible ante emprendimientos que puedan dar al traste con la integridad de un área protegida o un recurso natural no renovable.
Entre estos últimos, los que no pueden ser reproducidos cuando es paralizada la actividad productiva con el acondicionamiento del medio o la siembra de especies, se encuentran los recursos minerales, que una parte importante de la población, por lo visto, prefiere que sean dejados bajo tierra.
Los eventuales efectos sociales y políticos de esta oposición operan como un importante disuasivo de autorizaciones para la explotación minera. Está todavía por verse quién está siendo racional y quién irracional en este punto.
Una coyuntura de crisis internacional extendida, con turbulencias nacionales de efectos aún impredecibles, debería de ser valorada, tanto por activistas ambientales como por responsables de la aplicación de políticas públicas.
La inmigración desmedida de haitianos que salen de su país para “oxigenar” sus pulmones en una atmósfera económica, social y políticamente estable, como la que les ofrece el país de los dominicanos, es una columna de consideración para el tema ambiental.
Si para muchos de nosotros un árbol, una cañada, un arroyo, un río o un vedado no son recursos de gran valor, para estos extranjeros son objeto de mucho menos consideración.
Las exploraciones mineras, más aún, la eventualidad de explotación de recursos de este tipo, chocan con el muro de la alta sensibilidad de una parte de la opinión pública.
Esta actitud debe ser racionalizada, y ojalá sea pronto.
