Santo Domingo.- La jueza Keila Pérez Santana del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción en contra de Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y los demás imputados en un presunto entramado de corrupción denominado Operación Coral.

La decisión fue rechazada por abogados de la defensa, quienes la calificaron de injusta la decisión e indicaron que la magistrada actuó por presión popular.

«Aparentemente el sistema judicial sigue secuestrado por las presiones del Ministerio Público y, aparentemente, los jueces siguen temerosos no sabemos de qué, al momento de tomar la decisión», indicó Francisco Domínguez Abreu.

Asimismo dijo que no es posible que se siga «secuestrando» la ley y que se continúe manteniendo un estado de prisión que a su juicio es ilegal.

Sin embargo, la jueza Pérez aseguró que los implicados deben permanecer bajo prisión preventiva a fin de preservar el desarrollo de la investigación del Caso Coral, quienes presuntamente realizaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Se recuerda que el pasado 10 de mayo la jueza del tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y demás implicados en el entramado de corrupción denominado Operación Coral. El caso fue declarado complejo.

Además de del general Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, están implicados en el caso el coronel Rafael Núñez de Aza, Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor Raúl Girón Jiménez.