Radiografía de unas elecciones para la crisis

*Por Matías Bosch

Según el artículo primero de la Constitución nacional, el pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana.

Según el artículo dos, en esta Nación organizada como Estado, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.

La forma indirecta de ejercer la soberanía es en asambleas electorales eligiendo a ciudadanos que luego representen a sus electores en las decisiones públicas, y la forma directa es, principalmente, los referendos que nunca se han hecho desde que la Constitución actual existe (soñar no cuesta nada).

Quisiera a continuación pasar a revisar algunos pocos datos referidos a algunos problemas críticos, que nos hacen poner en duda que la próxima asamblea electoral del 15 de mayo sea un acto de ejercicio de soberanía popular para elegir representantes, y ponen sobre la mesa preocupaciones y alertas necesarias sobre lo que puede estarse incubando en República Dominicana… una crisis que hace pensar en aquello de que “no es lo mismo llamar al Diablo…”.

1) PRIMER PUNTO SOBRE FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA Y COHESIÓN POLÍTICA DE LA SOCIEDAD: POCOS VOTAN, POCOS DECIDEN, MAYOR DESAPEGO.

De 10 millones de dominicanos es posible que un 50% o más no va a votar.

Decimos esto, porque el padrón electoral está compuesto por unos 7 millones de ciudadanos y ciudadanas (30% menos ya). Y luego porque en las elecciones legislativas y municipales de 2010 apenas votó un 56% de los habilitados, y en las de 2012 votó un 70%. Es decir, si se tiene suerte y llegamos al pico más alto (70% en 2012), votarían unos 5 millones de ciudadanos.

Visto por el lado de las edades, resulta significativo que los ciudadanos en el rango menor a 39 años de edad, junto a los mayores de 50 años, representan el 50% del electorado. En República Dominicana hay una porción importante de ciudadano joven.

¿En qué medida la juventud participa del debate, de la elaboración de programas, de la selección de candidaturas… una medida casi cercana a 0? Ni hablar del caso de las mujeres, que aún deben aferrarse al “mínimo legal” de una discriminatoria cuota de 33%, y aun así la Junta Central Electoral debió emplazar a los partidos para cumplir esa norma.

Y visto por el lado territorial, el grueso del electorado está concentrado en 5 provincias y tan solo en 10 municipio, un producto de la expulsión poblacional de nuestras deprimidas y empobrecidas provinciales, lo cual produce a su vez sobrerrepresentación de esas pocas provincias en el Congreso y las instancias de toma de decisión resultantes. Un círculo vicioso entre sistema electoral y pobreza.

Por tanto ¿Cuántos dominicanos y cuánto territorio se quedan sin decidir nada importante, nada trascendental en sus vidas (por ejemplo, presupuesto nacional, leyes fundamentales, ejercicio de gobierno, entre otros)? ¿Acaso no se ve que hay una baja participación garantizada ahora y a futuro, y una desafección que se reproduce a sí misma en tanto para qué votar por aquello que no va a tomar en cuenta al votante?

2) SEGUNDO PUNTO SOBRE LA LEGITIMIDAD DE QUIENES RESULTEN ELECTOS Y ELECTAS: EL IMPERIO DEL DINERO Y LA AUSENCIA DE LA LEY.

En su último informe mensual, “Participación Ciudadana” ha puesto en relieve datos fruto de la observación de los medios y de las finanzas públicas.

Lo primero es que usando algunos datos que ese informe ofrece, podríamos decir que entre enero y mayo los grandes pactos electorales (PLD y aliados, y PRM y aliados) han invertido alrededor de 3000 millones de pesos en campaña electoral. Es decir, unos 66 millones de dólares. Una locura. Por supuesto que muy desigual (71% versus 27% del dinero por parte de cada pacto mencionado), pero 3000 millones de pesos, al fin y al cabo, sólo entre dos alianzas.

Y estamos contando sólo enero-mayo, siendo que todos sabemos que en República Dominicana ha habido campaña desde el mismísimo 17 de agosto de 2012, cuando iniciaron su rodaje las precandidaturas a lo largo, ancho y hondo del país. ¿Cuánto ha llegado a gastarse? ¿De dónde sale todo este dinero? ¿Quién paga la política y en fin de cuentas quién termina siendo el soberano? ¿Quién es el patrocinador de la democracia electoral dominicana?

A esto hay que añadir otros datos: la alianza gobernante se podría haber beneficiado electoralmente de un aumento de casi el 36% de gasto total de gobierno entre enero y marzo 2016 versus el mismo período en 2015.

En ese aumento hay que subrayar que el gasto de capital (obras, principalmente) casi se triplicó (160%). Ante esto no sólo prima una desigualdad, sino que prima -sea para quien sea- una desmesura brutal, todo en absoluta ausencia de vigilancia, en total imperio de la impunidad, puesto que figuras que la ley contempla como el Fiscal Electoral no existe, como tampoco se ha podido tener a estas alturas una Ley de Partidos Políticos y una nueva Ley Electoral que ordene el sistema luego de la nueva Constitución. También habría ayudado contar con una Ley de Medios de Comunicación (pero de nuevo, soñar no cuesta nada).

3) TERCER Y ÚLTIMO PUNTO SOBRE LA INEXISTENCIA DE PARTIDOS QUE CONFORMEN UNA SOCIEDAD POLÍTICA, Y EN SU LUGAR SE INCUBE UNA LUCHA FEROZ ENTRE INDIVIDUOS, GRUPOS Y FACCIONES.

En 2010 había en disputa 4036 puestos electivos, mientras esta vez se juegan 4106 puestos, es decir un crecimiento insignificante de 1.73%.

El padrón electoral apenas creció en unas 500 mil personas, es decir, un 8%. Pero las candidaturas de 2010 eran 16,604 y hoy son 24,442, con un crecimiento de 47%. ¿Dónde hay espacio para ese 47% más de individuos disputando puestos de elección?

¿De qué ejercicio ciudadano han emanado sus candidaturas? ¿A qué se debe el crecimiento exponencial si no hay nuevos movimientos ni partidos que lo expliquen? ¿Cómo se relaciona con el tan bajo crecimiento del padrón electoral y tan pocas provincias y municipios que son “grandes electores”? ¿Cómo se conecta esto con los 3000 millones de pesos gastados en apenas 5 meses de campaña, y en el casi 36% de aumento del gasto general de gobierno?

A esto hay que agregar un dato muy importante: el desmantelamiento de la composición de partidos tal y como la conocíamos. El PLD llegó a 2015 abiertamente dividido y unido con suturas visibles entre sus dos máximas figuras; todo el poder ha debido ser concentrado en su Comité Político pasando por alto las normas internas para mantener la cohesión prescindiendo del Comité Central y de votaciones primarias. El PRSC es casi un fósil viviente.

El histórico PRD, el más viejo partido fundado en 1939, que en 2012 obtuvo junto a aliados el 47% de los votos y en 2010 fue el partido más votado; el partido que hace 4 años conquistó 14 provincias y 70 municipios, hoy prácticamente dejó de existir.

En su lugar hay dos facciones, una ínfima y otra que apenas ha tenido tiempo de organizarse, a la cual las encuestas no dan más de un 35% o 37% de la intención de votos. ¿Cómo se configurará el poder local y el parlamento con un desmonte tal de la estructura partidaria? ¿Qué actores entran en juego? ¿Quién los conoce? ¿A quién y a quiénes responden esos más de 24 mil candidatos y candidatas?

En conclusiones, tenemos una asamblea electoral que es una pretensión de ejercicio de soberanía popular para elegir representantes que cumplan el mandato de la ciudadanía electora, pero en realidad una parte menor de los dominicanos ha tenido y tendrá el derecho real, además de la voluntad, para participar y decidir, quedando una gran parte al margen. En el caso de los jóvenes y las mujeres y las provincias pobres y fronterizas existe una abierta discriminación que reproduce su condición de subalternos y menospreciados.

Tenemos una asamblea electoral que dará frutos signados por gasto excesivo de dinero, la disparidad en el acceso a los medios de comunicación social, el secretismo, el manejo discrecional de los recursos de todos los ciudadanos, y todo esto en el marco de la falta de vigilancia, fiscalización y régimen de consecuencias, es decir abierta impunidad y puertas abiertas al dolo y el delito.

Y tendremos una asamblea electoral disputada no en una participación abierta y diversa de organizaciones crecientes y amplias, no caracterizada por un proceso de masiva politización, amparada además en la ley, sino parece más bien la competencia de corrientes, grupos, facciones e individuos que subrayan la condición de “maquinarias electorales” de los actuales partidos, expresado esto en un crecimiento exponencial de los candidatos sin qué se sepa qué fuerza incontrolable está siendo desatada.

Esto, en realidad, lo que nos habla es de unas elecciones que abre un camino de creciente desconfianza por parte de los dominicanos y las dominicanas hacia los estamentos de toma de decisión, en lugar de ser instancias de representación y ejercicio de la soberanía.

Y abre el camino a una crisis de un sistema de partidos ya inexistente, sin cohesión interna, que no pueda ser espacio para la resolución política de conflictos y que no pueda dar cabida a las luchas intestinas de miles y miles de personas disputándose el poder en términos personales y grupales.

En resumen, unas elecciones que son un paso hacia la crisis.