En un momento en que la humanidad luchaba afanosamente por ampliar sus libertades civiles y políticas, en el ya lejano siglo XIX, el entonces primer ministro británico William E. Gladstone popularizó la expresión de que “la justicia demorada es justicia denegada”, a fin de graficar que un derecho que no se puede reclamar en tiempo oportuno equivale a no tener ningún derecho.
Parecería que la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, revivió la vieja frase, el viernes pasado, al momento de hacer justicia y dictar auto de no ha lugar a favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo; así como de Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena en el expediente anticurrupción administrativa denominado Calamar.
La diferencia es que hace alrededor de dos centurias no se conocía la figura del lawfare, que en el caso de la política, se usa para judicializar a los adversarios a través de agentes públicos, especialmente a aquellos previamente estigmatizados de enemigos irreconciliables, debido a que representan amenazas en función de las potencialidades de desplazar democráticamente a los que ostenten el poder político.
En la judicialización de la política confluyen varios actores: quien tiene el control coyuntural del poder político, el adversario blanco del ataque, la parte del Poder Judicial que se presta para motorizar la acción y los medios de comunicación que la promocionan sin llevar a cabo la comprobación de los hechos que demanda el ejercicio del periodismo.
Los favorecidos con la decisión de la magistrada Ramírez no han sido las únicas víctimas de esta práctica que colide con la ética y la moral. Tras sufrir social, económica y emocionalmente, también obtuvieron una sentencia similar el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez, quienes fueron, al igual que Peralta y Castillo, funcionarios durante los gobiernos encabezados por el expresidente Danilo Medina.
Aunque los implicados en el caso del viernes lograron el cese definitivo de las medidas de coerción que pesaban en su contra, así como el levantamiento de diversas oposiciones de carácter financiero e inmobiliario; queda latente en ellos y sus familiares las laceraciones propias de una acusación política infame, carente de méritos legales.
Naturalmente, la vida siempre resulta irónica, porque mientras esas familias sufrían la persecución judicial y mediática, el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se reelegían en el poder; Miriam Germán Brito, primera procuradora general de la República de esa agrupación política, postergó la jubilación para ocupar un puesto en el Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa); Yeny Berenice Reynoso, promovida a máxima autoridad del Ministerio Público, y Wilson Camacho, ascendido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Escogido selectivamente, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido víctima de una persecución nunca vista en República Dominicana con el sometimiento a la justicia de parte de sus dirigentes que estuvieron en instituciones clave de la Administración pública. La historia ha ido mostrando la farsa que significó esa estrategia política del oficialismo y de un Ministerio Público del que algunos se creyeron la narrativa gubernamental de que era independiente en el ejercicio de sus funciones.
La pregunta ahora es: ¿quién va a resarcir el daño causado a las personas víctimas del lawfare? En lo particular, creo que el precio del resarcimiento resulta tan alto que se coloca en el nivel de impagable.
La historia, en su debido momento, se encargará de cobrar a los promotores de esa farsa.
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