SANTO DOMINGO.- La reforma de la Policía Nacional tiene al presidente Luis Abinader como su jefe formal, pero cuando se observa cómo está organizada y ejecutada, la respuesta a la pregunta de quién manda en el proceso resulta bastante más compleja.
El diseño institucional distribuye responsabilidades entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Interior y Policía, el Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial y la propia Policía Nacional, a lo que se han sumado equipos técnicos y consultores externos que han participado en distintas etapas del proceso.
Esa multiplicidad de actores cobra especial relevancia tras la salida del mayor general Andrés Cruz Cruz de la Dirección General de la Policía, apenas meses después de haber asumido el puesto, pese a que una parte importante de su gestión estuvo vinculada precisamente con la continuación del proceso de transformación institucional.
La reforma nació como un proyecto directamente tutelado desde el Palacio Nacional. El Decreto 2-22 estableció una Comisión Ejecutiva presidida por el propio jefe del Estado y dispuso que el comisionado ejecutivo dependiera directamente del Presidente de la República.
Más importante aún, le atribuyó al comisionado la responsabilidad de "dirigir e implementar todos los planes y acciones" de reforma y profesionalización de la Policía
Actualmente esa posición la ocupa el general retirado colombiano Luis Ernesto García Hernández, quien continúa figurando oficialmente como comisionado ejecutivo para la Reforma Policial y participa en las reuniones gubernamentales relacionadas con seguridad ciudadana y transformación de la institución.
Pero García Hernández no es el único actor con autoridad sobre el proceso.
El Ministerio de Interior y Policía, encabezado por Faride Raful, ocupa una posición cada vez más relevante. El Decreto 370-24 colocó bajo la dependencia de ese ministerio la comisión creada para revisar la Ley Orgánica de la Policía, mientras el Decreto 371-24 reorganizó la gobernanza del proceso de reforma, modernización y transformación policial.
En la práctica, Interior y Policía ejerce la conducción de la política de seguridad ciudadana y supervisa aspectos vinculados con el desempeño policial.
En julio pasado, Raful reiteró públicamente que el Gobierno no desistiría de transformar la institución y colocó la transparencia, la supervisión y la actuación frente a los abusos policiales entre los componentes centrales del proceso.
La propia ministra ha definido la reforma como la transformación más profunda experimentada por la Policía Nacional en sus más de 90 años de existencia.
Una reforma también desde dentro
En marzo de este año, el general Esteban Figuereo García, además de ocupar la Subdirección General de la Policía, fue colocado al frente de la Dirección de Transformación Policial, desde donde tiene la responsabilidad de impulsar dentro de la institución los procesos de modernización, profesionalización y fortalecimiento institucional.
Eso significa que actualmente conviven por lo menos tres niveles claramente identificables: la conducción política desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Interior y Policía, la coordinación transversal del comisionado ejecutivo y la ejecución interna desde la estructura de la Policía Nacional.
A ellos se agregan comisiones especializadas.
En febrero pasado, el presidente Abinader creó mediante el Decreto 118-26 otra comisión especial para acompañar a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en la elaboración de los reglamentos derivados del proyecto de modificación de la Ley Orgánica policial. Esa comisión es coordinada por Servio Tulio Castaños Guzmán y tiene como comisionado ejecutivo al propio García Hernández.
Los consultores externos
La reforma también ha contado con participación internacional.
Durante 2025, por ejemplo, representantes del Tony Blair Institute for Global Change participaron junto con funcionarios del Gobierno y el alto mando policial en la evaluación de metas, avances y obstáculos de proyectos considerados prioritarios dentro de la reforma.
En una de esas reuniones participaron una comisión técnica de la Vicepresidencia, representantes del Ministerio de Interior y Policía y el entonces director general de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta. El objetivo declarado era determinar el apoyo requerido desde el centro del Gobierno para garantizar la ejecución de las iniciativas de transformación.
La presencia de asesores externos puede aportar experiencia internacional, metodología y conocimientos especializados, pero también obliga a establecer con claridad dónde termina la asesoría y dónde comienza la autoridad de quienes constitucional y legalmente tienen la responsabilidad de dirigir la Policía.
El director ejecuta, pero no controla todo
Ahí aparece uno de los principales dilemas del modelo.
El director general es quien tiene que administrar diariamente una institución de decenas de miles de miembros, enfrentar la delincuencia, responder ante los casos de abusos policiales, ejecutar cambios administrativos y asumir públicamente los resultados.
Sin embargo, una parte importante de las decisiones estratégicas relacionadas con su transformación se encuentra distribuida fuera de su despacho.
El esquema establecido por el Gobierno obliga a que los proyectos sean coordinados entre la Dirección General, el comisionado ejecutivo, las unidades técnicas de la Policía y las instancias políticas responsables de la reforma.
La experiencia reciente demuestra además que dirigir la Policía en medio de un proceso de transformación puede convertirse en una posición particularmente compleja.
Cruz Cruz había cumplido apenas sus primeros cien días al frente de la institución el pasado 9 de junio. Entonces presentó como uno de los principales logros de su gestión precisamente la consolidación del proceso de reforma policial
Poco más de dos meses después quedó fuera de la Dirección General.
Su salida vuelve a colocar sobre el proceso una pregunta que trasciende los nombres de quienes ocupan circunstancialmente las posiciones:
¿Puede un director general transformar realmente la Policía si no controla todos los instrumentos de la reforma que está llamado a ejecutar?
Formalmente, la respuesta sobre quién manda está definid sería que Luis Abinader dirige políticamente el proceso y el comisionado ejecutivo tiene el mandato de dirigir e implementar los planes de reforma.
Operativamente, sin embargo, el poder está repartido.
Interior y Policía conduce políticas y supervisa; el comisionado coordina la reforma; las estructuras internas policiales ejecutan; distintas comisiones trabajan aspectos específicos; asesores externos aportan al diseño y evaluación; y el director general termina siendo responsable ante la sociedad de los resultados.
