Existe una preocupación creciente sobre las implicaciones y los impactos de la inteligencia artificial en la vida humana. El debate global se centra en los riesgos y desafíos de innovaciones tecnológicas que amenazan con eliminar empleos y sustituir al ser humano en muchas tareas, así como en la posibilidad de que nos volvamos irrelevantes en un mundo altamente automatizado.
Sé que todas estas preocupaciones son válidas. Sin embargo, no basta con preocuparnos: debemos centrarnos en cómo definir un sistema de gobernanza de la IA que permita gestionar los riesgos que plantea esta invención humana.
Es importante señalar que una forma eficaz de gobernanza consiste en establecer leyes, normas y regulaciones que obliguen a las empresas que desarrollan los sistemas de IA más avanzados a incorporar mecanismos algorítmicos y tecnológicos orientados a prevenir daños y reducir los riesgos para la vida humana en sus dimensiones física, psicológica y social.
Esta propuesta coincide con la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, adoptada en 2021, que plantea desarrollar “mecanismos adecuados de supervisión, evaluación del impacto, auditoría y diligencia debida” para garantizar la rendición de cuentas.
También es importante establecer organismos que, de manera neutral e imparcial, supervisen que los usuarios de las herramientas de IA, así como quienes las implementan, cumplan con requisitos mínimos para su uso responsable. Creo que ha llegado el momento de que países como el nuestro sean pioneros en adecuar sus procesos regulatorios para ofrecer garantías mínimas de un uso correcto de esta innovación.
No creo prudente fomentar teorías conspirativas en torno a poderes supranacionales que supuestamente dictan, de manera unilateral, lo que sucede en la sociedad global. Sí es importante tomar conciencia de la concentración de poder político y económico en algunos gigantes tecnológicos, pero no podemos olvidar que el uso ético y responsable de la tecnología es un compromiso de todos.
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