Indudablemente que el apabullante discurso del presidente Danilo Medina en la recién celebrada conferencia de la Celac, en Cuba, tuvo repercusiones políticas en el plano local: recibió el respaldo hasta de sus opositores.
Obtuvo la bendición de líderes religiosos y los aplausos de directores de opinión. Fortaleció su liderazgo en las luchas internas dentro del partido oficial, entre otras.
Sin embargo, tanto el tono como el contenido no tuvieron los mismos efectos o no lograron los objetivos buscados en la comunidad internacional, al igual que en Haití.
Esto así por la amplia documentación existente desde la mitad de los años ’80 sobre el caso de los inmigrantes haitianos en República Dominicana, resultante de un monitoreo constante de diversos organismos multilaterales, gubernamentales y no gubernamentales.
Tal es el caso de Amnistía Internacional.
No obstante, la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son los organismos regionales que mayor atención han dedicado al respecto.
En tanto que el Departamento de Estado de Estados Unidos anualmente toca el tema en su informe internacional de derechos humanos.
En Estados Unidos, pese a ser un modelo de institucionalidad, democracia y de oportunidades para los inmigrantes, el presidente Barack Obama no tomaría el riesgo de negar tan radicalmente los problemas reales de discriminación, exclusión social y de violaciones de sus derechos humanos que a menudo sufren los hispanos en general y particularmente los mexicanos en la frontera común.
Haberlo hecho el presidente Medina en el caso de los haitianos en República Dominicana no ha sido el manejo más correcto ni oportuno en una coyuntura de graves cuestionamientos por la sentencia 168/13, cuyas consecuencias en la vida de las personas afectadas el mismo mandatario reconoció, incluso de manera pública.
Ciertamente, por haber sido tocado el tema en este importante evento regional por los jefes de gobierno de Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, como también el presidente haitiano, una repuesta dominicana era de rigor.
La misma, para el consumo internacional, lamentablemente siguió la línea de defensa que priorizó el gobierno desde la audiencia en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual consiste en desviarse de un debate fundamentalmente de derechos humanos para demostrar la ayuda dominicana a Haití y a sus inmigrantes en los campos de la salud y la educación, como también durante el terremoto. Asuntos que no se niegan, pero que no están en discusión.
Mejor parado hubiese quedado el Mandatario reconociendo la necesidad del uso de la mano de obra haitiana en campos vitales de la economía dominicana por cerca de siglo y medio.
De seguro, se hubiese anotado muchos puntos subrayando que República Dominicana es el país del mundo donde los inmigrantes haitianos hacen el mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB), con un 5.4%, equivalente a más de RD$115,000 millones, según cifras provenientes de estudios patrocinados por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
Más elegante hubiera sido por el Mandatario presentar a su país como un destino académico cuya presencia de la juventud haitiana genera cerca de US$120 millones anuales, según datos del Banco Central.
También muy útil hubiera sido señalar que Haití concedió los contratos más jugosos de la reconstrucción post sísmica a compañías dominicanas, estimados hoy en alrededor de US$1,000 millones.
No hubiese sobrado tampoco mencionar que las importaciones haitianas de productos dominicanos son de cerca de US$2,000 millones anuales.
¿Quién ayuda a quién?
