¿Qué tan exitosa puede ser una huelga de médicos?

José Miguel de la Rosa
José Miguel de la Rosa.

Las huelgas han sido, desde hace mucho tiempo, uno de los principales mecanismos de presión y reclamo utilizados por distintos sectores.

En las comunidades se convocan para exigir obras y servicios básicos como agua, energía eléctrica, reparación de calles, protección del medioambiente o para denunciar abusos policiales y de otras autoridades. También están las huelgas de gremios, como las de los profesores, los médicos, los productores agropecuarios y otros grupos profesionales.

Y aquí está el punto que quiero enfatizar: una huelga puede considerarse exitosa cuando logra que las autoridades atiendan las demandas planteadas, aun cuando implique costos para la población, como la paralización del tránsito, la quema de neumáticos, el desorden en las vías públicas o la afectación de las economías locales. Sin embargo, hay dos gremios cuyos paros merecen una reflexión distinta: la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Colegio Médico Dominicano (CMD). Antes de calificarlos como exitosos, hay que preguntarse quién paga el costo de ese supuesto éxito.

Cuando los médicos suspenden sus labores, miles de personas quedan sin acceso a servicios de salud. Hay pacientes que han esperado durante meses una cita y la pierden; otros viajan desde el interior del país hacia hospitales de Santo Domingo y, al llegar, descubren que la consulta fue suspendida. Regresan a sus hogares con tiempo y dinero perdidos, recursos que muchas veces necesitan para cubrir otras necesidades básicas.

Tras el más reciente paro de 24 horas convocado por el CMD, su presidente y la directiva celebraban el éxito de la protesta porque dos médicos detenidos en La Vega por una presunta mala práctica médica fueron puestos en libertad, hecho que motivó la huelga.

Pero cabe preguntarse: ¿puede calificarse de exitosa una huelga cuyo costo lo pagan miles de pacientes que no tienen recursos para acudir a un centro de salud privado?

En este debate también deben incluirse las administradoras de riesgos de salud (ARS) y las clínicas privadas. Cada vez que suspenden los servicios a los afiliados de determinadas ARS, los principales perjudicados son precisamente esos afiliados.

Para las partes en conflicto quizás sea una estrategia exitosa; para los pacientes, sin duda, no lo es.

Sobre el autor

José Miguel de la Rosa

Egresado de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Posee diplomados en comunicación política, periodismo de datos, periodismo digital, entre otros. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el ejercicio periodístico, con cobertura en fuentes clave como el Palacio Nacional, Congreso Nacional, Junta Central Electoral (JCE), justicia, educación, política, policiales, temas comunitarios y económicos, entre otros. Ad...