Cada año el Departamento de Estado emite su reporte de derechos humanos en 198 países y territorios, para orientar al Congreso sobre condiciones políticas en naciones que podrían recibir asistencia financiera, militar o humanitaria de Washington.
Dichos reportes, exigidos por la Ley de Asistencia Foránea de 1961 y la Ley de Comercio Internacional de 1974 de Estados Unidos, son ignorados en muchos países, rebatidos por otros, y en el caso dominicano, utilizados por la oposición para embarrar al Gobierno y por las autoridades para su propaganda cuando conviene.
Bueno y malo
El reporte contiene desganados reconocimientos a avances dominicanos. Por ejemplo, “observadores externos imparciales evaluaron las elecciones en general como libres, justas y ordenadas”. Abusa de la imprecisa fórmula “se recibieron varios informes”.
Elogia parcamente que, “en un cambio con respecto a años anteriores, señalado por los observadores independientes, el gobierno en general aplicó la ley con eficacia” para procurar sanciones penales para la corrupción de funcionarios”. Sin embargo, añade que “la sociedad civil y los abogados se quejaron de la acumulación de casos y de lo que consideraban retrasos indebidos en los procesos”.
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