El movimiento Participación Ciudadana ha realizado un trabajo encomiable y reconocido por gran parte de la sociedad dominicana durante los 19 años de su existencia y le auguramos muchos años más de servicio.
La Junta Central Electoral, por su parte, ha sido reconocida hasta por organismos internacionales, como la Organización de Estados Américanos (OEA), por su encomiable montaje de las elecciones presidenciales. Incluso se le ha presentado como modelo a imitar para otros países de la región.
Ambas instituciones han mostrado, hasta el momento, una inclinación para cumplir adecuamente el rol de cada una, que bien entendido no se contraponen.
Las dos instituciones están, en estos momentos, envueltas en un diferendo de fácil solución, si hay voluntad.
La Junta presentó ayer las credenciales para los observadores nacionales reclutados por Participación Ciudadana y que, según la institución, cumplen los requisitos para esa labor. Fueron excluidos 188 de 3800, un número poco significativo.
Participación Ciudadana, en cambio, ha reiterado su intención de realizar la observación electoral, conforme lo ha venido haciendo desde hace años.
Viendo las reglamentaciones de una y los pedimentos de la otra, no observamos razones contundentes para que se mantengan las diferencias públicas entre estas dos instituciones.
Para la tranquilidad del proceso electoral, la Junta y Participación deben limar asperezas y seguir trabajando desde sus respectivas esferas.
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