En el marco de la conmemoración del Día del Poder Judicial hubo dos reflexiones de vital importancia.
Una expresada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que planteó la necesidad de garantizar a la sociedad la posibilidad de vivir en paz y tranquilidad; y la homilía del Obispo Auxiliar de la Diócesis de Santo Domingo, quien exhortó a los jueces a apartarse de la corrupción y del tráfico de influencia.
Son dos visiones que arrastran un malestar común. Ya que son argumentos que dan fuerza de augurio a otra afirmación hecha por el prelado: “Un pueblo sin ley es un pueblo de ladrones”.
Alo que habría que agregar que sin nadie que imparta justicia sería, además, víctima del caos y el desorden generalizado.
Estamos, ciertamente, en un momento dramático, donde ya se ven instituciones ligadas a la ley y el orden a un paso del colapso. Hay indicios claros y se debe actuar en consecuencia.
No podemos abogar por un Estado de derecho cuando vemos a instituciones a punto de caer en el abismo; y si eso ocurriera, el proceso se llevaría a otras instituciones en su caída.
Ante esta realidad, ¿qué puede hacer el Poder Judicial? Ya lo dijo el titular de la Suprema Corte de Justicia: “Como presidente del Poder Judicial tengo el gran compromiso con el país de garantizarle un sistema de justicia en el cual se haga honor a procesos probos, éticos, íntegros, razonables y ponderados para que de ellos surjan sentencias objetivas y materialmente justas, así como políticas creíbles y transformadoras de la conducta humana”.
Una vez más estamos ante un discurso que, de hacerse tal como está planteado, viviremos, como es la aspiración del pueblo dominicano, en paz y tranquilidad.
