El problema eléctrico debe ser enfrentado en toda su dimensión. Los organismos internacionales han reconocido que en los últimos meses ha habido cierta mejoría, especialmente en lo relativo a la gestión financiera.
Sin embargo, la alta carga financiera del sector eléctrico sigue siendo una de las principales amenazas a la estabilidad económica.
La casi eterna crisis energética en el país no podrá resolverse nunca con populismo, complacencia o complicidades.
No puede permitirse que gracias al fraude eléctrico pobres consuman electricidad como ricos y que ricos paguen el servicio como pobres.
Todo el que consume un kilovatio debe pagarlo, pero a su justo precio.
Por lo tanto, tampoco pueden continuar vigentes (en nombre de la seguridad jurídica) unos contratos perniciosos para el país y el sistema eléctrico. Técnicamente resulta muy fácil determinar el costo de producción de un kilovatio y el de su comercialización, con los respectivos márgenes de beneficio adecuados.
Y más aún, deben ser tratados como ladrones quienes valiéndose de fraudes evaden pagar la energía que consumen, y como delincuentes de baja ralea quienes se han lucrado propiciando que el Estado firmara contratos perniciosos.
Un país no puede sumirse en una permanente crisis eléctrica, con su consiguiente carga financiera, sólo por mantener prácticas populistas o seguir tapando complicidades.
