SANTO DOMINGO.– Un acuerdo suscrito entre tres de los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas, si bien pone en evidencia las diferencias existentes a lo interno de ese organismo, garantiza a la vez su operatividad al contar con la mayoría mínima.
Lo que podría considerarse como hoja de ruta fue firmado por el presidente del organismo, Janel Ramírez y los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña.
No así por la vicepresidente Elsa María Catano Ramírez ni su secretaria Tomasina Tolentino de Mckinzie.
Entre los puntos acordados se contempla una depuración de todo el personal de la Cámara de Cuentas
Para esto, se preparará una evaluación de desempeño de personal y capacidades técnicos-profesionales, debiendo cumplir con todos los procesos requeridos por la ley.
En cuanto a los 4 Directores de Auditorías y un abogado a ser adscrito a estas direcciones se pedirá un listado de candidatos al Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD) y al Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) a ser depurado y seleccionado por el Pleno, conforme a las capacidades y conocimientos técnicos de acuerdo a los lineamientos de buenas prácticas y normativos emitidos por los organismos internacionales de fiscalización tales como la GAO e INTOSAI.
El documento indica que con respecto a las auditorias iniciadas o terminadas por gestiones anteriores, los firmantes se comprometen a realizar una revisión exhaustiva desde la planeación, objetivos, alcance y procedimientos establecidos.
«Se procederá a realizar una segregación en función de la relevancia y la envergadura de las auditorías. Estas serán revisadas por un personal competente distinto al actuante en las auditorias anteriores. A estos auditores no se les entregarán el trabajo realizado por el equipo original. Luego se compararán los resultados entre ambos trabajos» dice el documento.
Elsa Peña Peña se encargará de la supervisión de ese proceso.
En el caso de las auditorías que evidencien falencias importantes al ser comparadas con el nuevo trabajo, serán anuladas mediante resolución del pleno basadas en las normas vigentes.
Otro de los puntos acordados fue publicar el plan de auditorias sin revelar los años que serán auditados ni los criterios para la elaboración del plan, ni los detalles específicos del trabajo que va a realizarse.
«Se harán públicas extractos de las actas del pleno en la página web del órgano a fin de que la ciudadanía pueda ser veedor de las labores de la cámara de cuentas» .
Plazo de dos meses
El pleno de la Cámara de Cuentas se compromete a poner en ejecución en un plazo no mayor de 2 meses el Proyecto para la fiscalización y seguimiento en línea de ejecución presupuestaria del Estado dominicano (DIMEP), para lo cual tiene asignación presupuestaria y apropiaciones de fondos. Deberán definir qué debe hacerse, establecer los pasos a seguir, los plazos y responsables.
En los casos en que detecte que el patrimonio público ha sido afectado, se cuantificarán los daños y se establecerán las responsabilidades civiles y patrimoniales correspondientes como lo prevé su ley orgánica. En los casos que haya indicios de responsabilidad penal, hacerlo constar en sus trabajos e informar al Misterio Público.
Igualmente fue acordado fortalecer la Dirección Jurídica con nuevos abogados de alta competencia para cumplir cabalmente con este mandato legal.
El documento indica que se creará un nuevo formato y checklist para la preparación de informe de auditoria que incluya el daño patrimonial.
Dos abogados especialistas en el área trabajarán con el coordinador del área jurídica y dos auditores para trabajar directamente con la Presidencia.
En los casos donde existan diferencias de criterios técnicos, solicitarán la consulta y opinión al Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD) y/o el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) como eje regulador de la profesión.
