Manifestantes en Jartum (Sudán) en las protestas de enero de 2022. EFE/EPA/Stringer
Los violentos enfrentamientos en Sudán han dejado ya más de 400 muertos y más de 3.500 heridos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que el Sindicato de Médicos de Sudán advierte que la cifra de víctimas podría ser mucho mayor por la incapacidad de los equipos de emergencia de acceder a ciertas zonas.
Los combates están concentrados en la capital, Jartum, pero se están entendiendo a otras regiones del país, que podría sumirse en un conflicto generalizado. La comunidad internacional pide el cese inmediato de las hostilidades en un país que está inmerso en un proceso de transición democrática.
¿Quiénes se enfrentan?
La tensión ha estallado entre el Ejército sudanés, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti.
Las FAR son una fuerza paramilitar creada por el expresidente islamista Omar al Bashir. Nacieron de las milicias Yanyauid (Janjaweed), que cometieron matanzas y violaciones masivas en el conflicto de Darfur (2003-2008).
Tras el derrocamiento de Al Bashir, en abril de 2019, se reconvirtió en una fuerza militar regular. Actualmente está liderada por ‘Hemedti’, que tras el golpe de Estado de 2021 es el vicepresidente del Consejo Soberano y número dos del Ejército.
Por otro lado, el general Abdel Fattah al-Burhan es el jefe del Ejército y líder del consejo que gobierna Sudán desde 2019. Compartió este consejo con su actual rival, Hemedti, y dieron el golpe de Estado juntos, pero las desavenencias entre ellos en torno a cómo abandonar el poder y la integración de las RAF en el Ejército han suscitado el caos en la transición.
¿Cuál es el origen del conflicto?
La historia sudanesa cambió cuando Omar al Bashir dio un golpe de Estado en 1989 e instauró una dictadura con ideología islamista. Durante su liderazgo, el nuevo gobierno militar ilegalizó los partidos políticos y el Ejército concentró el poder.
En 2018, el régimen de Omar al-Bashir adoptó un plan de austeridad, transfiriendo sectores de importaciones al sector privado. Esto provocó una subida del precio del pan y de la gasolina que llevaron a la población a movilizarse contra esa política. Los intentos de represión de las fuerzas policiales chocaron con el Ejército, que estaba con los manifestantes.
En abril de 2019, el Ejército logró derrocar a Al-Bashir. Los militares se comprometieron a ceder el poder en dos años y en agosto de 2019 llegaron a un compromiso con civiles en el Consejo Soberano, que encauzaría al país a elecciones a finales de 2023.
Sin embargo, las tensiones entre los militares y los civiles fueron en aumento hasta que, en octubre de 2021, los militares dieron un golpe de Estado y disolvieron el gobierno transitorio.
En enero de 2022, miles de sudaneses salieron a las calles para protestar pidiendo que los militares que dieron el golpe entregaran el poder a los civiles.
Las negociaciones entre militares y civiles de cara a una segunda transición se han visto interrumpidas por las tensiones entre el Ejército y las FAR.
¿Por qué pelean?
Las diferencias entre el Ejército sudanés y las FAR se remontan a 2019. Entonces las FAR fueron acusadas de ser responsables de la represión que acabó con la vida de cientos de manifestantes.
La plataforma opositora Fuerzas de la Libertad y el Cambio pidió entonces su disolución y recordó que este grupo cometió crímenes contra la humanidad en Darfur.
Fue entonces cuando el líder de las FAR, Hemedti, afirmó que el desalojo de esa sentada “fue una trampa y el objetivo eran las FAR”. Según él, fueron víctimas de unos oficiales de diferentes rangos, si bien no acusó formalmente al Ejército.
La suma de estas situaciones dificulta la integración efectiva de las FAR en el Ejército nacional de Sudán, pese a los intentos y compromisos anunciados tanto por Al Burhan como por Hemedti.
Según el acuerdo entre militares y civiles para unificar el Ejército, las Fuerzas Armadas sudanesas sólo estarán sujetas a una “autoridad civil” con el objetivo de evitar su politización.
Para crear un Ejército nacional unificado con la integración de otras unidades paramilitares, realizaron un taller de reforma militar y de seguridad. La reforma también separa el Ejército de la vida política y de las actividades económicas, comerciales y de inversión en el país.
Sin embargo, las tensiones aumentaron entre las FAR y el Ejército sudanés tras realizar este taller por divergencias entre ambos líderes. Es el gran escollo por el que no se ha firmado y que continúa retrasando el esperado acuerdo definitivo que culmine la transición.
El principal problema para tal integración es que las FAR son un grupo con lealtades tribales -los combatientes proceden de la tribu riezigat, originaria de Chad-, además de que durante los años de conflicto han amasado grandes fortunas con la toma por la fuerza de minas de oro, el principal recurso de Sudán.
El papel de la comunidad internacional
Potencias regionales y mundiales y organizaciones internacionales han pedido el cese de la violencia. El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha reunido con la Unión Africana, la Liga Árabe y representantes de otras organizaciones para discutir la situación.
“Reiteramos a las partes del conflicto que tienen que respetar la ley internacional. Están obligados a proteger a los civiles y garantizar la seguridad de todo el personal de la ONU y asociados, así como sus instalaciones”, recordó el portavoz.
Según los servicios humanitarios de Naciones Unidas, la comida y el combustible están empezando a escasear en algunas zonas de Sudán. Muchas personas necesitan atención médica urgente a la que no están pudiendo acceder por la violencia.
