SANTO DOMINGO.- Ocho miembros del Ministerio Público fueron destituidos en los últimos meses por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, entre ellas favorecer al crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico ilícito de cigarrillos, nepotismo, abuso de poder y otros delitos.
El Consejo Superior del Ministerio Público adoptó las medidas disciplinarias luego de que el Consejo Disciplinario comprobara los hechos, determinando que varios de los involucrados incurrieron en violaciones graves a la ética y al correcto desempeño de sus funciones.
Fiscales destituidos y motivos
Luis González, ex titular de la Procuraduría Antilavado, fue destituido por su vinculación a un caso de drogas.
José Andrés Fernández, quien simultáneamente fungía como mayor activo de la Policía Nacional, fue removido al ejercer como fiscalizador en San Cristóbal sin cumplir las normas de incompatibilidad.
Henry Alberto Romero, fiscal, fue separado del cargo tras ser relacionado con una red de tráfico de cigarrillos.
Daniel Acevedo, destituido por su presunta vinculación con un caso de narcotráfico.
Nelson Rodríguez, removido por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Nancy Rivas, destituida por nepotismo al emplear a varios familiares en la jurisdicción que dirigía.
Mauricio Castillo Ozorio, cancelado por dejar embarazada a una menor de edad.
Otro miembro del Ministerio Público fue destituido por recibir sobornos para favorecer a un imputado en un proceso penal.
Sanciones impuestas
Además de la destitución, el Consejo del Ministerio Público decidió que ninguno de los sancionados podrá volver a ocupar cargos dentro de la institución, como parte de las medidas para resguardar la integridad y credibilidad del órgano persecutor.
Cómo funciona el proceso disciplinario
Para que el Consejo Disciplinario adopte una decisión, la Inspectoría General del Ministerio Público debe realizar primero una investigación exhaustiva, que puede iniciarse de oficio o a partir de denuncias formales.
Una vez recopiladas las pruebas, la Inspectoría remite el expediente al Consejo Disciplinario, que delibera y determina las sanciones correspondientes. En la mayoría de estos casos, la actuación disciplinaria se inició tras denuncias que fueron validadas con evidencia documental y testimonial
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