Al parecer las autoridades se han encontrado con la punta de un iceberg con el caso de la agencia de detectives privados que se dedicaba a extorsionar a parejas que eran filmadas dentro de un motel.
Se trata de una acción de por sí grave, pero todo parece indicar que lo peor apenas empieza a salir.
Más allá del morbo que despiertan las filmaciones de parejas en los moteles, sin duda que estamos frente a una industria del chantaje con conexiones internacionales.
Gentes capaces de hacer cualquier cosa con tal de obtener dinero de forma ilícita.
Esa misma agencia ya estuvo relacionada con un intento de asesinato por encargo en Santiago.
La sucursal en esa ciudad cibaeña fue la usada para ubicar y darle seguimiento a una mujer (Miguelina Llaverías), a la cual luego otra persona le disparó en la cabeza, salvando la vida milagrosamente.
Ahora salen a relucir documentos que podrían vincular a esa gente con el atentado contra el abogado santiaguero Jordi Veras, quien representó a la señora Llaverías en el sonado caso.
Peor aún, hay indicios que llevan a otros casos de asesinatos similares.
Y la pregunta obligatoria es: ¿si en 2008 uno de los principales responsables de esa oficina fue condenado a 20 años de prisión (sentencia ratificada en casación) porqué seguía funcionando sin contratiempos?
Otras interrogantes surgen en medio de tantas infiltraciones y dobleces de miembros de nuestras agencias de seguridad del Estado.
¿Cómo esas personas tenían acceso a autorizaciones para intervenir teléfonos? ¿Cómo sacaban informaciones de agencias oficiales?
¿Porqué la agencia seguía funcionando?
Las autoridades tienen la oportunidad de golpear al crimen y no quedarse en el superficial morbo.
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