SAN JUAN. – Puerto Rico propuso este lunes a sus acreedores que acepten un recorte de su deuda pública de 22.700 millones de dólares para que la isla fortalezca sus finanzas y supere su angustiosa crisis económica.
El estado libre asociado a Estados Unidos propuso a los poseedores de bonos de su deuda por 49.200 millones de dólares, que acepten una quita para bajar su valor a 26.500 millones, según un plan divulgado este lunes por San Juan justo antes de que comiencen negociaciones con los acreedores.
También propuso que los pagos de intereses, que comenzarían en 2018, se limiten a 15% sobre los ingresos fiscales de la isla, frente al «insostenible» 36% actual.
«Esta propuesta refleja el compromiso de trabajar con los acreedores hacia una solución sostenible», dijo el secretario de Estado de Puerto Rico, Víctor Suárez, en un comunicado.
«Una crisis de esta magnitud debe ser resuelta en conjunto, porque de otra manera nos arriesgamos a no poder salir de la espiral de una economía estancada y déficit y deuda en aumento», indicó.
La isla propuso que los acreedores acepten convertir los bonos por 49.200 millones de dólares por otros con más garantías, pero que quedarían en 26.500 millones.
En compensación por la quita, los bonistas recibirán 22.700 millones en unos nuevos bonos que solo pagarían si, tras 10 años, los ingresos de Puerto Rico superan las actuales proyecciones, «como resultado de un crecimiento económico real», según el gobierno.
«Al compartir la recuperación económica de la isla, los acreedores tendrán la oportunidad de recuperar el principal de sus inversiones», señaló el comunicado.
Desde hace casi una década, Puerto Rico se mantiene hundida en la recesión, lo que ha provocado un verdadero éxodo de habitantes a Estados Unidos continental, agudizando aún más los problemas económicos de la isla de 3,5 millones de habitantes.
La isla tiene una deuda de 70.000 millones de dólares y ya incurrió en el pasado en impagos, pese a recortes fiscales y algunas reformas promovidas por el gobierno.
Puerto Rico ha pedido al Congreso estadounidense, hasta ahora sin éxito, que le permita acogerse a la Ley de Quiebras estadounidense para reestructurar su deuda, algo que no le está permitido.
