SAN JUAN, Puerto Rico.— El gobernador de Puerto Rico aprobó el miércoles una reducción voluntaria de horas laborales para los empleados del gobierno luego de firmar varias leyes cuyo fin es reducir los gastos y generar ingresos durante la severa crisis económica que enfrenta la isla.
La medida se adoptó después de otro impago de deuda en el que incurrió esta semana el territorio estadounidense, que lucha para mantenerse a flote en lo que se prepara para reestructurar una porción de su deuda pública de casi 70.000 millones de dólares con la ayuda de organismo federal de supervisión.
Una nueva ley le permite a las agencias gubernamentales reducir la semana laboral de sus empleados si llegan a un acuerdo voluntario.
A los empleados públicos se les permitiría trabajar cuatro días a la semana a cambio de recibir únicamente el 80% de su salario.
Otra de las nuevas leyes busca incrementar los ingresos en el sumamente mermado sistema de jubilaciones, que corre peligro de quedarse sin fondos en los próximos años.
La ley presiona a las agencias públicas para que den prioridad a los ingresos para el sistema del retiro por encima de otros pagos, gastos y desembolsos.
A Puerto Rico no ha cubierto más de 40.000 millones de dólares de sus obligaciones para el fondo de pensiones públicas. De acuerdo con Vicente Feliciano, un economista y asesor financiero de San Juan, es poco probable que las medidas tengan un impacto significativo.
“Mientras la reducción de horas sea voluntaria, el impacto es marginal”, aseguró.
“¿Cuánta gente va a favorecer ese tipo de arreglo?” Los puertorriqueños han sido golpeados con nuevos impuestos e incrementos en las cuentas de servicios públicos por la crisis económica que comenzó hace una década, y la tasa del desempleo está alrededor del 11%.
Más de 200.000 puertorriqueños han emigrado hacia Estados Unidos continental en los últimos años, en busca de empleo y un costo de vida más a su alcance.
Feliciano también advirtió que la medida que busca impulsar el sistema público de jubilaciones sólo pospone lo inevitable.
“Eventualmente, habrá que reestructurar la deuda, y eso probablemente incluirá recortes a los jubilados actuales”, señaló.
“Existe un conflicto entre los jubilados y los tenedores de bonos que buscan el mismo dinero”. Esta semana, el gobernador Alejandro García Padilla vetó una propuesta que tenía la intención de crear un fondo especial para que el gobierno pudiera realizar pagos mínimos a la deuda de la isla, lo que causó molestia entre tenedores de bonos y legisladores.
García dijo que el gobierno necesita la liquidez limitada con la que cuenta actualmente para seguir brindando los servicios esenciales.
También señaló que el territorio estadounidense debe permitirle al organismo federal de supervisión que decida cuántos recursos se deben asignar para los pagos de deuda.
Las autoridades esperan la creación de la junta de control en los próximos meses. En tanto, el paquete de rescate aprobado por el presidente Barack Obama en junio bloquea temporalmente que los acreedores interpongan demandas hasta febrero de 2017.
