El Día 
Alix Didier Fils-Aime asume como nuevo primer ministro.
Puerto Príncipe, Haití.– Una situación de tensión y violencia sacude hoy varios sectores de Puerto Príncipe, la capital haitiana. La jornada de este lunes amaneció con disparos en zonas como Solino, Delmas, Pétionville y Tabarre, lo que ha forzado a muchas escuelas a suspender sus actividades y a pedir a los padres que mantengan a sus hijos en casa para evitar riesgos ante el creciente clima de inseguridad.
La crisis de seguridad se ha intensificado tras la designación de Alix Didier Fils-Aimé como Primer Ministro, una decisión tomada por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) el pasado 8 de noviembre, la cual fue oficializada mediante una resolución en el diario gubernamental “Le Moniteur”, publicada este lunes 11 de noviembre.
La designación ha generado descontento y ha sido vista con desconfianza en varios sectores de la sociedad haitiana, en un contexto ya frágil de inestabilidad política.
El destituido Garry Conielle ha desconocido la acción del Consejo Presidencial de Transición alegando que la Constitución haitiana de 1987 le confiere esa atribución solo al Congreso.
Ante esta situación, grupos armados han lanzado amenazas de intensificar la violencia en Puerto Príncipe como medida de protesta. Las pandillas, que controlan vastas áreas de la capital y que durante años han mantenido a la población en constante zozobra, anunciaron disturbios en protesta por la elección del nuevo Primer Ministro, lo cual ha llevado a un deterioro inmediato en el clima de seguridad.
En barrios como Solino y Tabarre, los enfrentamientos y el sonido de los disparos se han vuelto parte del panorama del día, mientras que en Pétionville y Delmas, las fuerzas de seguridad intentan contener las amenazas y restablecer el orden.
Este clima de tensión pone en evidencia las dificultades del CPT para garantizar la estabilidad en el país. La elección de Fils-Aimé como jefe de gobierno llega en un momento de extrema vulnerabilidad en Haití, donde las autoridades enfrentan el desafío de implementar cambios estructurales en medio de una situación de precariedad en el ámbito de la seguridad pública.
Para la población, la situación es crítica. El cierre de escuelas y negocios refleja el temor que se extiende entre los ciudadanos, quienes demandan medidas contundentes para restablecer el orden. Sin embargo, la capacidad de las autoridades para controlar a las pandillas y proteger a la ciudadanía sigue siendo una interrogante en un contexto donde la violencia parece estar en aumento.
