A paso de tortuga los Estados Unidos y la ONU siguen gestando una fuerza internacional solicitada por el presidente de facto Ariel Henry y su consejo de ministros, para intervenir y pacificar Haití ante el control del territorio por bandas paramilitares integradas por criminales.
El pasado 8 de julio se cumplieron dos años del impune magnicidio de Jovenel Moïse por sicarios colombianos ligados al narcotráfico, mientras Haití sigue disolviéndose sin autoridades legítimas ni capaces de enfrentar sus infernales desgracias: violencia, colapso institucional, hambre, daños por terremotos y ciclones, indolencia de sus élites económicas, una epidemia del cólera y corrupción rampante de sus políticos.
En este contexto, apena la indiferencia internacional ante el pedido de auxilio del tenue gobierno haitiano para reforzar su Policía, pacificar el país y organizar elecciones por un gobierno legítimo.
Empero, ¿es posible pacificar a Haití sin reconocer que está en medio de una virtual guerra civil entre bandas criminales? Estas compiten por el control del territorio y los negocios ilegales como el tráfico de drogas, contrabandos, secuestros y cobro de exacciones y peajes en las áreas bajo su dominio.
Los kenianos
La tardanza en formar la fuerza interventora solicitada por el presidente Henry y sus ministros es porque Estados Unidos, Canadá y Francia, potencias con interés en Haití, rehúsan liderar o aportar tropas y recursos significativos para esa misión, supervisada por la ONU.
A fines de julio Estados Unidos logró que Kenia aceptara el liderazgo de la misión interventora. Esta república del este de África tiene 53 millones de habitantes y un PIB de US$119,000 millones (tercera mayor economía subsahariana). Ofreció mil policías para despacharlos hacia Haití. Bahamas, Barbados y Jamaica anunciaron que aportarían personal para la fuerza multinacional.
La semana pasada una avanzada de oficiales de Kenia visitó Haití y evaluó la situación. Concluyeron, en lenguaje diplomático, que se requiere mucho esfuerzo y cooperación para definir claramente la misión y propósito de la intervención.
Sin embargo, diplomáticos secreteaban que ninguna fuerza policial basta para controlar a las poderosas pandillas. Por tanto, Kenia recomendó integrar aparte una fuerza militar operacional para perseguir, atacar y eliminar a los bandidos.
Esta unidad sería distinta, con misión diferente a la tarea policial de resguardar y defender las entidades gubernamentales y las infraestructuras (puertos, aeropuertos, vías de acceso, centrales eléctricas, redes de telecomunicaciones e industrias).
Policía podrida
Combatir las bandas con policías es imposible pues muchos oficiales y agentes son sus socios o cómplices. La fuerza interventora deberá incluir en su misión una profunda depuración y entrenamiento de esa maleada Policía.
La Policía ordenó el sábado un “estado de alerta” nacional y acuarteló a todos sus oficiales y agentes para enfrentar “contingencias” no explicadas, que se trata de amenazas de bandas de ocupar las sedes de instituciones estatales y cárceles, para controlarlas.
Ayer domingo el Sistema de Gerencia de Seguridad de la ONU (UNSMS) ordenó a su personal no salir a las calles de Puerto Príncipe “por la prevaleciente inseguridad por las presentes y planeadas actividades de bandas armadas, que pueden tornarse violentas”.
Pocos días antes la propia ONU informó que la Policía perdió, en los primeros seis meses de este año, a 774 agentes y oficiales del total menor de 9,000, de los cuales sólo poco más de la mitad está en Puerto Príncipe. Esta cifra cuadruplica las de años anteriores, agravado porque la mayoría ha desertado para emigrar o unirse a las bandas criminales.
Haití posee una bajísima proporción de policías para su población de doce millones. En 2006, la media mundial era de 300 agentes por cada 100,000 habitantes, según la ONU. Ese año Haití tenía una fuerza de 12,000 policías, una ratio de 108, apenas una tercera parte de la media. Hoy su Policía está reducida a dos terceras partes comparada con hace siete años.
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