¿Y si suprimimos la Comisión Nacional de Energía (CNE) y transferimos sus funciones de manera directa al Ministerio de Energía y Minas?
Esta propuesta reposa en el proyecto de Ley armonizada del subsector eléctrico en el artículo tres y cuyo párrafo crea un comité de supresión de la comisión que deberá dirigir todo el proceso de transferencia de responsabilidades.
Por definición, la Comisión Nacional de Energía (CNE) es un organismo público con patrimonio propio, adscrito y/o bajo la sombrilla del Ministerio de Energía y Minas, pero descentralizado.
Creada según la Ley General de Electricidad Núm. 125-01, su misión es gestionar las políticas energéticas y supervisar el cumplimiento de la Ley Núm. 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía.
El proyecto es de autoría del senador Alexis Victoria Yeb y fue entregado este martes para fines de estudio al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien solicitó tiempo para desglosar la iniciativa.
Enfoque del ministro de Energía y Minas
Hablando sobre el mismo, Santos centró sus palabras en varios de los considerandos de la iniciativa (justificación) y que exponemos de manera parafraseada a continuación:
La matriz energética dominicana ha experimentado una transformación tan profunda en las últimas dos décadas que mantener intacto el andamiaje legal nacido en 2001 ya no responde a la realidad del sector.
El país pasó de depender casi por completo del fuel oil —que a inicios de siglo representaba cerca del 90 % de toda la generación— a un ecosistema diversificado donde esa fuente apenas ocupa una fracción menor y el gas natural se ha convertido en el eje central del suministro.
Al mismo tiempo, el uso de las energías renovables continúa creciendo, aportando actualmente una cuarta parte de la generación y con una proyección de alcanzar cerca de un tercio para el año 2030.
Este viraje redefine la arquitectura técnica, regulatoria y operativa del sistema eléctrico.
La irrupción de grandes parques solares y eólicos, junto con proyectos de biomasa y el crecimiento acelerado de la generación distribuida instalada en techos de industrias y hogares, obliga a revisar por completo la organización del sector.
Las tecnologías que hoy conviven —y las que se avecinan— requieren un ordenamiento institucional que reconozca su diversidad y facilite su integración.
La discusión ya no se limita al presente. El país debe prepararse para tecnologías emergentes como el hidrógeno verde y, eventualmente, alternativas como la energía nuclear de nueva generación.
Si el sistema no se adapta a tiempo, la regulación actual corre el riesgo de volverse un obstáculo para la competitividad energética.
Otro de los desafíos es la permisología. El crecimiento del sector ha generado una presión adicional sobre los mecanismos de concesiones, que requieren procesos más ágiles y eficientes para sostener el flujo de inversiones.
La energía se ha convertido en uno de los principales destinos de capital extranjero en los últimos años, superando los mil millones de dólares en los últimos tres años.
La importancia estratégica del sector energético también se conecta con el horizonte económico del país. Para el año 2036 —que se proyecta una duplicación del tamaño de la economía dominicana— la energía se ubica en el centro del debate.
No es posible atraer industrias de mayor valor agregado sin un sistema eléctrico robusto, diversificado, moderno y confiable. La transición hacia un país de ingresos altos pasa necesariamente por el fortalecimiento de su infraestructura energética.
Detalles de la iniciativa
El proyecto busca modificar la Ley General de Electricidad 125-01 transfiriendo las atribuciones de la Comisión Nacional de Energía directamente al Ministerio.
La comisión de supresión deberá diseñar la estructura administrativa de apoyo al Comité y contratar al personal técnico necesario para llevar a cabo el proceso de transferencia.
También administrar y representar legalmente a la Comisión Nacional de Energía hasta tanto se complete el proceso de liquidación y transferencia; establecer las reglas específicas necesarias para la supresión de la Comisión y determinar, cuando proceda, la transferencia del personal que labora en la Comisión hacia el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
En los artículos de la Ley de Electricidad que se le atribuyen responsabilidades a la Comisión Nacional de Energía se modifica su texto para que diga Ministerio de Energía y Minas.
Igualmente, se trasladan responsabilidades a la Superintendencia de Electricidad, como la regulación de las cooperativas eléctricas, por ejemplo.
Pero la base del proyecto es que el Ministerio de Energía y Minas sea el responsable de planificar el sistema eléctrico en plazos cortos y largos con el fin de diversificar la matriz energética.
La propuesta fue depositada el pasado 4 de septiembre y, tras agotar el procedimiento inicial, enviada a comisión en el Senado de la República.
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