JIMANI,  Independencia.- Centenares de personas realizaron una nueva marcha pacifica recorriendo las calles de este municipio reclamando su derecho a luz y agua potable para poder tener una mayor calidad de vida.

Los habitantes del municipio de Jimaní han emprendido, desde hace varias semanas, una lucha pacifica e ininterrumpida hasta que EDESUR, INAPA y el Gobierno abra un espacio urgente e inaplazable de diálogo para abordar la situación de falta de agua y luz en el municipio.

Cansados de las falsas promesas verbales de algunos legisladores y tomadores de decisiones están dispuestos cada martes a realizar paradas cívicas que visibilicen la situación de abandono y de falta de suministros básicos que, dijeron,  desde hace décadas vienen sufriendo y que les han situado en el cuarto lugar del ranking de pobreza en el país.

En un municipio por el que pasan 576 millones de dólares anuales, en comercio formal por el puesto fronterizo de Malpaso, la energía eléctrica es la clave para el futuro desarrollo económico y social de Jimaní, como afirmaron muchas personas asistentes a la marcha.

“En la provincia Independencia es una contradicción que una de las necesidades básicas insatisfechas sea la disponibilidad de electricidad, sobre todo en una provincia donde sobra la energía ya que posee una hidroeléctrica”, dijeron.

Igualmente muchos ciudadanos denunciaron que EDESUR ha emprendido una campaña desleal e injustificada de subida de la facturación de los recibos de luz eléctrica, para intentar persuadir a los habitantes del municipio a que cesen con la lucha pacifica.

Ante esta iniciativa de la empresa suministradora del servicio eléctrico, el comité de lucha permanente ha manifestado que denunciaran ante PROTECOM y ProConsumidor los abusos e intimidaciones que durante años vienen realizando desde EDESUR y que pretenden ahora incrementar para coartar la libertad de expresión de un pueblo que ha decidido levantarse ante tanta injusticia.

La dirección de este movimiento cívico, encabezado por las iglesias, juntas de vecinos, ong´s, transportistas, comerciantes, agricultores y organizaciones de base,  reclama, además de un suministro de energía estable 24/7, la implementación de una tarifa Social para el sector de la población que se encuentra en la pobreza (72.9) o en extrema pobreza (35.8) y que, por lo mismo, no está en condiciones de pagar la tarifa normal.