Los niños y las niñas son el valor más preciado de una sociedad. También constituyen la riqueza de una nación porque aseguran la transmisión intergeneracional de lo que define a un pueblo.
Desde 1924, con el surgimiento de los derechos del niño, el mundo tiene la convicción de que cuidar de los más pequeños es cuidarnos a nosotros mismos, a las familias y al planeta.
Todo país que quiera asegurar un desarrollo sostenible debe hacer una apuesta por el bienestar de la infancia a partir de inversión en salud, educación y protección.
Amartya Sen nos recuerda que invertir en la infancia es invertir en desarrollo y que la supervivencia infantil es la primera forma de libertad de los seres humanos.
El abuso es un atentado contra la supervivencia infantil, porque puede matar el cuerpo físico y el alma. Clama al cielo que una niña de siete años haya muerto en manos de su tía por causa de un abuso físico.
La vulnerabilidad de esa niña es la de miles de niños y niñas que están siendo maltratadas por personas inescrupulosas que vuelcan su ira, frustraciones y problemas no resueltos en sus propios hijos e hijas, parientes o vecinos menores de edad.
En vez de constituir fuente de seguridad y cuidado se convierten el temido monstruo, cuco o lobo de los cuentos de infancia.
El dolor y la muerte moral de esos niños y niñas consterna y la impotencia también. Según Unicef, en América Latina, menos del 12 % de las denuncias terminan en una condena.
La inocencia perdida, los sueños rotos, la confianza destruida, y, quizás una condena a ser víctima. El 70 % de las mujeres en programas de atención a violencia denuncian haber sido abusadas en su niñez.
República Dominicana ratificó hace más de 30 años la Convención sobre los Derechos de los Niños, pero miles de niños y niñas están desprotegidos.
Este instrumento compele al país a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Descuidar la protección de la infancia es una apuesta por el fracaso y el retroceso.
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