Propuesta para campaña de difusión de la Ley sobre Trata y Tráfico de Personas

Este tráfico, anteriormente percibido como una “actividad menor” o de “supervivencia económica”, ahora tiene serias consecuencias penales. La nueva ley no equipara al traficante con la víctima, sino que lo sanciona como autor de un crimen grave

La República Dominicana ha dado un paso trascendental en la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas con la promulgación de la Ley No. 137-03, una legislación que responde a compromisos internacionales y a la necesidad urgente de enfrentar estas prácticas criminales.

Esta ley establece un marco legal vigoroso para prevenir, sancionar y erradicar la trata y el tráfico de personas, al tiempo que ofrece protección y asistencia a las víctimas.

La Ley No. 137-03 distingue de manera clara entre trata y tráfico ilícito de personas, dos crímenes que, aunque a menudo confundidos, tienen diferencias fundamentales. La trata implica la explotación con fines de trabajo forzado, prostitución u otras formas de esclavitud moderna, mientras que el tráfico se refiere al cruce ilegal de fronteras con el consentimiento del migrante, generalmente mediado por redes criminales.

Tipifica de forma precisa los delitos de trata y tráfico ilícito de personas, con penas que oscilan de 10 a 15 años de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos a1 autor del delito de tráfico ilícito de migrantes.

Establece mecanismos de protección integral a las víctimas, garantizando su acceso a servicios de salud, asistencia psicológica, refugio y representación legal.

Ordena la creación de un sistema de coordinación interinstitucional, liderado por el Ministerio Público, para la investigación y persecución efectiva de estos delitos.

A pesar de sus avances, uno de los principales desafíos de esta legislación es el bajo nivel de conocimiento de la población dominicana sobre su existencia y consecuencias. En muchas comunidades fronterizas, especialmente en la región noroeste del país, persiste la práctica de traficar migrantes haitianos hacia territorio dominicano mediante redes que cobran sumas de dinero para facilitar cruces ilegales.

Este tráfico, anteriormente percibido como una “actividad menor” o de “supervivencia económica”, ahora tiene serias consecuencias penales. La nueva ley no equipara al traficante con la víctima, sino que lo sanciona como autor de un crimen grave. Ya no se trata de una simple deportación o multa, sino de cárcel efectiva y por largo tiempo.

Una campaña para despertar conciencias

Es crucial implementar una campaña nacional de concienciación y prevención que comunique de forma clara y efectiva los peligros y consecuencias del tráfico ilícito de personas. Esta campaña puede ser financiada y apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Nacional de Migración, así como otros organismos que trabajan en temas migratorios en Haití y República Dominicana.

Campañas radiales y televisivas en creole y español, enfocadas en las provincias fronterizas como Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

Producción de reportajes, documentales y microvideos testimoniales para las redes sociales, que expliquen historias de personas condenadas por tráfico de migrantes, así como testimonios de víctimas.

Acuerdos con influencers locales y comunitarios de las fronteras que aborden el tema desde una experiencia directa.

Jornadas educativas en escuelas, iglesias y juntas de vecinos con participación de líderes comunitarios, fiscales y defensores públicos.

Distribución de material impreso (folletos, afiches, trípticos) en puntos clave como mercados binacionales, paradas de transporte y centros de acogida.

Creación de una línea telefónica de denuncia anónima y segura, que permita alertar sobre casos de trata o tráfico sin represalias.

El mensaje principal de esta campaña debe ser claro: YA NO ES COMO ANTES. La Ley No. 137-03 representa un cambio de paradigma. Quienes faciliten el tráfico de personas, aunque lo hagan por necesidad económica, están cometiendo un delito penal de alta gravedad. Al mismo tiempo, se debe reforzar la idea de que las víctimas deben ser protegidas, no criminalizadas.

En un contexto donde la migración irregular sigue siendo una realidad cotidiana, solo una población informada podrá contribuir a desarticular las redes delictivas que se lucran con la desesperación de otros. Esta ley, junto con una campaña de alcance nacional, puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia, entre la ignorancia y la conciencia.