Un pastel goloseado que la ley permite al Gobierno repartir es el gasto en publicidad. Es cómodo que cualquiera proteste creyéndolo excesivo y califique la publicidad legítima como propaganda. Participación Ciudadana opina que el actual gobierno “casi iguala las cifras escandalosas que acostumbraban a gastar en propaganda” los gobiernos anteriores. Esa opinión, aparentemente, se basa en evidencia anecdótica.

Alegan que el presidente Abinader “no ha visto los frecuentes anuncios” de Obras Públicas sobre reparaciones de la autopista Duarte ni otros de espacios pagados en la prensa.

Creo que es muy injusta esta crítica. Hay asuntos que implican la obligación de publicar: los concursos de compras y licitaciones, la interrupción de servicios públicos por mantenimiento, exhortaciones al pago de luz, agua o impuestos y mil otros similares.

También puede ser legítimo que sin tratarse de propaganda electoral o de culto a la personalidad, las instituciones oficiales expliquen qué hacen. Un país con un PIB mayor a cien mil millones de dólares bien puede permitir a su gobierno invertir en publicidad necesaria menos de US$300,000 diarios, que es a lo que se contrae el “escándalo” de PC en cuanto al monto.