Una empleada de Pronalab, empresa vinculada al presunto comisionista Víctor de Aldama ha confirmado en el Tribunal Supremo de España que entregó en República Dominicana 20.000 dólares en efectivo, en dos sobres, a Joseba García, hermano del exasesor del exministro José Luis Ábalos.
Tanto ella como su jefe Javier Serrano han confirmado ante el juez Leopoldo Puente las entregas en efectivo de dinero a Joseba García, si bien no han aclarado a quién iban dirigidas, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
La primera en declarar este miércoles en calidad de testigo ha sido Aránzazu Granell, que trabajaba como secretaria en la empresa Pronalab en República Dominicana y que ha manifestado que entregó ese dinero porque se lo pidió Javier Serrano, que era su jefe. No conocía a Joseba, ni sabía su apellido, solo el apodo del Legionario para tenerle identificado. Serrano le dio su teléfono y ella le contactó.
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Este testimonio ha sido respaldado minutos más tarde por Serrano, investigado en la rama de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional y quien ha dicho que pidió a la trabajadora que entregase los 20.000 euros porque así se lo pidió Aldama.
La razón era, según las fuentes consultadas, que Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de contratos de mascarillas en plena pandemia, se había quedado sin efectivo en España, y en la citada empresa de República Dominicana sí disponían de fondos.
Granell ha explicado que ese dinero procedía de las clínicas de Pronalab, una empresa dedicada a hacer pruebas covid por el país y en la que se «encontraba con mucho dinero», si bien ha dejado claro que ella «no preguntaba» a quien iba destinado, solo cumplía las órdenes de Serrano. Lo llevó en dos ocasiones en un sobre, en su bolso.
Ha asegurado también que hizo otras entregas a sus «jefes», quienes la decían muchas veces «que no ingresara dinero» y «que pasaban ellos a por él».
El Legionario
En su declaración ante el instructor, Joseba García -a quien ambos testigos han identificado como el Legionario- dijo que viajó dos veces a República Dominicana, una «por placer» y otra «todavía más de placer».
Reconoció que Aránzazu Granell le dio «unos papeles» para Aldama, pero negó haber recibido dinero en metálico para su hermano o para él mismo.
Lo hizo a preguntas del PP, acusación popular en la causa, que puso hincapié en un mensaje de la mujer a Joseba García que decía «cuando estés llegando me dices y quedamos.. Yo me lo echo al bolso».
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Joseba García viaja en dos ocasiones a República Dominicana: una, del 31 de octubre al 4 de noviembre, y otra del 13 al 16 de diciembre de 2021. Allí, Aránzazu hizo entrega al Legionario de dos sobres con 10.000 dólares en efectivo, tras preguntarle a Serrano.
El hermano de Koldo García preguntó después a Joseba que cuánto eran esos 10.000 dólares al cambio y este le respondió que 8.800 y que borrase esos mensajes. «Borra, por favor», le dijo.
La UCO entiende que se trata de pagos en efectivo realizados a Koldo García a través de Joseba, 10.000 euros mensuales.
Koldo denuncia ante la Fiscalía a la Guardia Civil
Por otra parte, Koldo García ha presentando una denuncia ante la Fiscalía en la que acusa a la Guardia Civil de filtrar a la prensa datos e informaciones de su agenda personal, con nombres de terceras personas que no forman parte de ningún procedimiento judicial, lo que vulnera su intimidad.
En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado de Koldo considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, por lo que pide al Ministerio Público que investigue estos hechos para depurar las responsabilidades penales correspondientes y para que «se eviten más filtraciones de datos, vulneradoras del derecho al honor y a la intimidad».
Explica que en los últimos meses se han publicado «noticias» sobre su «supuesta agenda personal» con datos e información de terceros, que «nada tienen que ver con el procedimiento judicial», por lo que se está «menoscabando claramente» el derecho a la intimidad de estas personas, ya que las publicaciones se están filtrando, «evidentemente sin el consentimiento de los interesados y afectados».
Al respecto, recuerda que la Guardia Civil custodia desde hace más de un año sus dispositivos electrónicos, que fueron incautados durante el registro de su casa, y «ninguna parte o autoridad más ha tenido, o ha debido tener, acceso a los mismos».
«Por lo que la conclusión que me veo obligado a alcanzar respecto a cuál es la fuente de información de la que se nutren los medios de comunicación es que sea la Guardia Civil», agrega el escrito.
Una práctica que «no puede ser admitida en ningún caso»
Considera que esta práctica, que viene «siendo habitual» en sus causas judiciales, «no puede ser admitida en ningún caso», ya que vulnera claramente su derecho a la intimidad y el de terceros.
Y, además, «supone la aparente comisión de un delito de revelación de secretos, con la agravante de autoridad o funcionario público, toda vez que se están difundiendo datos reservados de carácter personal registrados en soportes electrónicos».
Ese contenido, continúa, debería ser «reservado a los fines únicos y exclusivos de la investigación», y «no a su difusión en medios de comunicación con el único ánimo de perjudicar mi propia intimidad y honor».
Si ya es «una anomalía indeseable» que las resoluciones se filtren, «mucho más grave aún es que se publiquen datos de carácter personal incluso de quien no está siendo objeto de investigación».
La defensa de Koldo señala que «la salvaguarda de la protección de datos, así como del derecho al honor y a la intimidad, debe ser una política compartida y protegida por y para todos los ciudadanos», por lo que «se debería impedir, prohibir y castigar el uso de los datos de carácter personal con fines que responden exclusivamente a intereses partidistas y políticos»
Fuente: EFE
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