Luis García
Hoy en día, toda profesión conlleva que quienes se egresen de un centro de estudios superiores lo hagan con un perfil mínimo de dominio de las técnicas, unos adecuados criterios profesionales para su abordaje y de un compromiso ético en el ejercicio.
El ejercicio irregular, por carecer de los títulos correspondientes, de carreras como el Derecho, la Medicina y la Psicología, expone a los que se arriesguen a sanciones de tipos penal y civil. En la República Dominicana, las dos primeras están sometidas a un régimen de colegiación obligatoria para evitar la usurpación en actividades propias de esas profesiones.
En el caso de la educación, nadie puede concursar para un puesto de docente si no cuenta con una licenciatura en alguna de sus modalidades o haber cursado la habilitación docente, que demanda que los profesionales de otras áreas tengan que aprobar las asignaturas psicopedagógicas.
Aunque existen controles, incluyendo estar provisto del exequátur de parte del Poder Ejecutivo, mediante decreto; se registran usurpaciones de profesiones, no solo en violación de las normativas, sino a principios éticos elementales.
En el país la más usurpada de todas es la de periodismo, ya que el que paga la tarifa de un espacio en un canal de televisión o una estación de radio comienza a autoproclamarse como “periodista”.
No pocos, bajo ese “blindaje”, se vuelven “mercenarios de la palabra”, convirtiéndose, en la práctica, en chantajistas, difamadores e injuriadores.
A los “periodistas” a que me refiero, no tienden idea, porque no han ido a una escuela a estudiar Comunicación Social, de los conceptos elementales de que noticia constituye aquellos sucesos actuales, próximos, importantes, inusuales u originales de interés público.
Pero que, además, la profesión se rige por una serie de valores que determinan que un determinado acontecimiento pueda considerare noticioso.
Erróneo sería recurrir al viejo argumento de que no se puede limitar el derecho a la expresión y difusión del pensamiento.
No se trata de eso, una cosa es utilizar los medios de comunicación para expresar libremente las ideas, y otra, usurpar la profesión de periodista.
El gran reto de los periodistas dominicanos, especialmente las nuevas generaciones, consiste en alcanzar la verdadera profesionalización, y para ello hay que involucrar al Congreso Nacional en la reforma de la famélica y otrora coyuntural Ley 10-91 que creó el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); retomando el espíritu de la Ley 148-83, injustamente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de los fallecidos Joaquín Balaguer, Néstor Contín Aybar y Germán Emilo Ornes.
Bastaría rescatar de la legislación primigenia el artículo 4 que señalaba: “Para los fines de la presente Ley se considera periodista el que tiene por ocupación principal, regular y retribuida, el ejercicio de la profesión en una publicación periódica, en medios audiovisuales, en agencias y oficinas de prensa y que obtiene de ella los principales recursos para su subsistencia”.
Y el artículo 5: “Los siguientes cargos sólo serán ejercidos por periodistas profesionales: reportero, redactor, redactor de titulares, corresponsal y entrevistador, así como cualquier otro que pudiera ser creado para realizar funciones periodísticas en periódicos, revistas, noticiarios de radio, televisión o cine”.
Obsérvese que de esa manera se respetaría el periodismo en la República Dominicana, sin dejar espacio para los “enganchados” a la profesión.
