Las universidades, privadas y pública, se niegan a aceptar límites para las carreras que ofrecen. Algunas llegan a alegar que no se puede impedir a una persona estudiar lo que desee, aunque el mercado esté saturado de esos profesionales.
¿Puede seguir el Estado invirtiendo dinero para que las universidades sigan sacando profesionales de carreras sobrepobladas, mientras les dan de lado a las que realmente requiere el país para hacerse más competitivo dentro de un mercado globalizado?
El país necesita muchos profesionales en las áreas de tecnología, medicina especializada, negocios internacionales y pedagogía (maestros bien formados), pero los fondos públicos van muy poco a promover esas carreras.
Ante el alegato de que, por ejemplo, no se puede impedir a uno estudiar Derecho, se debería reflexionar si resulta justo sacar dinero, que puede invertirse en otras áreas a favor de los mismos pobres, para destinarlo a formar profesionales que sobreabundan.
No sería una idea tonta que los fondos que salen del presupuesto para la Educación Superior se concentren en el establecimiento de políticas, a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y financiar las carreras que demanda el desarrollo del país.
La discusión, probablemente no sea muy popular, pero luce muy necesaria.
