Productores agropecuarios proponen a Yeni Berenice crear procuraduría especializada ante estafas millonarias

Santo Domingo. – Un grupo de productores agropecuarios solicitó formalmente a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, en su calidad de presidenta del Consejo Superior del Ministerio Público, la creación de una Procuraduría Especializada en Defensa del Productor Agropecuario, ante el aumento de estafas que superan los RD$200 millones en perjuicio del sector.

La solicitud fue depositada en la Procuraduría General de la República por un comité encabezado por el ingeniero agrónomo y abogado Geovanny Arias, con el objetivo de que el Ministerio Público acoja la propuesta y establezca una instancia que ofrezca protección jurídica efectiva a los productores agrícolas del país.

Según el documento entregado, los firmantes buscan visibilizar la necesidad de una respuesta institucional ante el creciente número de fraudes comerciales, estafas, abusos contractuales e incumplimientos de pago, que afectan a miles de agricultores en todo el territorio nacional.

Estafas superan RD$3,200 millones anuales

De acuerdo con la propuesta, las pérdidas anuales por estas prácticas fraudulentas superan los RD$3,200 millones, impactando de forma directa a comunidades agrícolas en regiones como San José de Ocoa, Constanza, Azua, Pedernales, Rancho Arriba y Cambita, entre otras.

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“Esta procuraduría no es un lujo, es una deuda histórica con el campo. No estamos inventando nada; la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11 permite su creación mediante resolución. Lo que pedimos es justicia y voluntad institucional”, expresó Geovanny Arias al salir del despacho de la procuradora general.

La propuesta fue acompañada de un resumen ejecutivo y un documento técnico que detallan el marco legal que ampara la solicitud, las zonas agrícolas más afectadas y las funciones específicas que tendría la nueva procuraduría, la cual trabajaría en coordinación con otras entidades del Estado.

Los productores agropecuarios afirmaron que esta iniciativa representa un paso trascendental hacia la protección de un sector históricamente desprotegido, a pesar de ser columna vertebral de la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la República Dominicana.