SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República no interrogó a los ejecutivos de la empresa Odebrecht en Brasil, como lo autorizó el juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega.

Así lo manifestó el abogado de Víctor Díaz Rúa, Miguel Valerio, tras señalar que el magistrado tomó esa decisión para que el Ministerio Público produzca pruebas masivas y las introdujera al proceso como establece el código, lo cual no realizó.

Debido a esa situación, Valerio pidió archivar la acusación del Ministerio Público contra el imputado, ya que aportó al proceso las delaciones premiadas de los empleados de Odebrecht, pero no como testigos.

Rechazar acusación

La barra de defensa de Díaz Rúa solicitó al juez rechazar la acusación por no estar sustentada, así como excluir las pruebas por alegadamente por haber sido obtenidas de manera lícita, “en conformidad con la teoría del fruto del árbol envenenado y su conexión por antijuridicidad”.

El abogado manifestó en el tribunal que el Ministerio Público realizó el peritaje a los informes financieros del imputado sin autorización de un juez, ya que la que tenía había expirado.

También consideró que el magistrado debe dictar un “no ha lugar” a favor del exministro de Obras Públicas.
Los integrantes de la barra de la defensa, Ramón Núñez y Miguel Valerio, pidieron el cese de la medida de coerción, así como levantar las trabas impuestas a las cuentas y las restricciones que tenga, sus bienes que afecten a terceros.

Plagada de errores

Víctor Díaz dijo que la acusación del Ministerio Público en su contra está plagada de errores, de mentiras, omisiones, incoherencias y sesgos deliberados. Agregó el exfuncionario que constituye una deslealtad procesal del Ministerio Público, porque debe buscar pruebas en contra y a favor de los ciudadanos.

Díaz Rúa puntualizó que en la acusación se destaca que no ponderaron su carrera profesional de 20 años.