BANÍ, Peravia.- Con la finalidad de lograr que el Ministerio Público esté integrado por funcionarios de carrera que puedan garantizar la calidad en los servicios, la Procuraduría General de la República sustituirá, a partir del mes de enero, más de 75 fiscalizadores en varias provincias del país.
Según ha podido trascender, los magistrados a sustituir, además del vencimiento del contrato firmado con la Procuraduría, no salieron airosos a la evaluación a que fueron sometidos de acuerdo a sus antecedentes académicos y profesionales, así como el perfil que debe mostrar todo miembro del Ministerio Público.
Los nuevos incumbentes, que ocuparán sus cargos a principio del mes enero, son egresados de la Escuela del Ministerio Público, donde fueron evaluados y capacitados y ganaron por concurso sus nuevos puestos.
Algunos funcionarios en esta ciudad lamentaron la situación pues consideran que los fiscalizadores por contrato que serán reemplazados en sus funciones llevaban varios años ofreciendo sus servicios, por lo que contaban con la experiencia, el dominio y la pericia en los casos jurídicos que manejaban con estricto apego a le ética y la justicia.
Sin embargo, la Constitución establece la carrera del Ministerio Público, por lo que cada servidor de la justicia deberá pasar por la Escuela del Ministerio Público, adscrita a la Procuraduría General de la República, donde será evaluado y capacitado para fortalecer sus conocimientos jurídicos en el aspecto técnico y profesional.
En Bani, los fiscales que cesarán en sus funciones con los licenciados Carlos Casado, del Distrito Municipal de Matanzas, Palermo Medina, del Municipio de Nizao, la magistrado Sobeida Peña, y Luís Mariano Abreu.
Tras bastidores, algunos de los reemplazados en sus cargos, mostraron su indignación alegando que, en muchos casos, los evaluadores tomaron en cuenta la edad de los aspirantes en ingresar a la Carrera del Ministerio Público, y se inclinaron por aquellos que, aun sin la experiencia y currículo profesional, mostraban su juventud a flor de piel.
Los nombres de los fiscales a sustituir en la Provincia de San Cristóbal y otros municipios no fueron divulgados por las autoridades competentes.
