Procurador pide colaboración a FF.AA, PN, DNCD y DNI en proceso de investigación penal

SANTO DOMINGO.-El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, solicitó a los titulares de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a las direcciones nacionales de Control de Drogas (DNCD) y de Investigación (DNI) su colaboración, en los casos que así lo ameriten, para que el Ministerio Público pueda jugar el rol que le corresponde en la dirección de la investigación penal, tal y como lo estable la nueva Constitución proclamada el pasado 26 de Enero.

La información fue dada a conocer a través de una comunicación, dirigida el pasado 27 de enero al secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Rafael Peña Antonio; al jefe de la P.N., mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín; al presidente de la DNCD, general Rolando Rosado Mateo, y al titular del DNI, general Ramón Antonio Aquino García, el procurador general de la República señala que la investigación en los casos penales es una delicada labor que necesita la conjugación de una serie de conocimientos y técnicas que el Ministerio Público sólo no puede suplir.

“Me permito hacerles un llamado a los fines de prestar sus mejores oficios en lo que respecta a las diligencias de investigación penal, para que el Ministerio Público, asumiendo efectivamente la función de dirección, que tal cual, le atribuye ahora nuestra Carta Magna, pueda disponer de los órganos auxiliares cuando así corresponda sin menoscabo alguno”, expresa Jiménez Peña en su comunicación.

Dijo que el Ministerio Público podrá realizar de manera efectiva y satisfactoria la persecución de la criminalidad con la colaboración de los órganos auxiliares técnicamente capacitados con que cuentan los referidos organismos.

Manifestó que el Ministerio Público ocupó un lugar notable en la nueva Constitución al consagrarlo como actor más importante en el proceso de investigación penal.

Enfatizó que la Procuraduría General de la República envío su propuesta a la Asamblea Nacional para la Reforma de la Carta Magna, en aras de consolidar la Carrera del Ministerio Público que consagra la inamovilidad de sus miembros y la escuela de formación, constitucionalizar sus principios rectores, así como su autonomía presupuestaria y financiera, iniciativas que fueron aprobadas y están en la nueva Constitución.