Santo Domingo.-El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó de complaciente y alentadora de impunidades, la variación de medida de coerción a favor del empresario José del Carmen Cruz acusado de falsificar y adulterar medicamentos.

José del Carmen Cruz, empresario y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, estaba en prisión acusado de falsificar medicamentos y de cambiarle la fecha de vencimiento para comercializarlo. Ayer, la jueza  Isabel Guzmán Paredes, del Tercer Juzgado de la Instrucción, dispuso que fuera dejado en libertad tras el pago de una garantía económica de tres millones de pesos.

Domínguez Brito aseguró que “quien se dedica a falsificar medicamentos, es tan criminal como el que mata o manda a matar por dinero”.

“Es un atentado contra la salud de los seres humanos, un delito tan grave como la tentativa de homicidio, pues estamos hablando de adulterar, falsificar o distribuir medicamentos vencidos, que son adquiridos por pacientes con enfermedades terminales, con padecimientos de presión arterial, diabetes, deficiencias cardíacas, y que confían en que los mismos surtirán los resultados esperados”, expresó el jefe del Ministerio Público.

El procurador Domínguez Brito agregó que la República Dominicana no puede continuar con un sistema de justicia que se convierta en garante de impunidades, en ninguna de las ramas delincuenciales o criminales.

Dijo además estar confiado en que la apelación a dicha variación de medida que realizará la Fiscalía del Distrito Nacional, será acogida y que mantendrán tras las rejas a quien es acusado de poner en riesgo la salud de mucha gente con sus acciones, así como vulnerar el lícito comercio de medicamentos en el país.

José del Carmen Cruz creó un entramado societario integrado por dieciocho empresas, entre las que se destacan: Centro de Diagnóstico Guaricanos, Export Pharma, Guifar, Yomifar, Credijones Constructora Inmobiliaria, Serviatech, Vallar Comercial, Jones Farmacéutica, Semprofarm, Metrofharma, entre otras.

A raíz de la investigación realizada por la Fiscalía, se determinó que el acusado  traía al país medicamentos vencidos o por vencer, luego contrataban de 10 a 15 jornaleros por día para volver a etiquetar esos medicamentos con una etiqueta falsa,  colocándoles fechas de caducidad distintas que iban de 2 a 3 años luego de la originalmente establecida.