El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó a los fiscales apelar la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por domiciliaria a la suspendida jueza Awilda Reyes y Francisco Arias Valera, acusados de prevaricación y soborno.
“Existe un Código Procesal Penal que habla de igualdad ante la ley, imparcialidad e independencia, pero lamentablemente cada día crecen los casos para los cuales existen dos interpretaciones: una para los pobres y otra para los ricos, narcos y corruptos”, indicó.
En tanto, Harol Echevarría, abogado de la jueza, depositó ante el juez de Instrucción Especial una solicitud para que le ordene al Ministerio Público realizar unas diligencias de investigación al celular de su clienta, como mapeo, relación de las llamadas y de la conversación del Whatsap. Agregó que buscará el “no ha lugar” a favor de Reyes en el juicio preliminar que se conocerá el día 12.
El juez Sánchez fijó conocer la solicitud de diligencia el próximo día 10.
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